La juez Tardón cita a declarar al alcalde Vivas y al delegado del Gobierno; Von der Leyen propone suspender normas de expulsión y el PSOE acusa a Marruecos de chantaje
María Tardón, jueza de la Audiencia Nacional, ha abierto una investigación judicial sin precedentes tras la entrada masiva de más de 70.000 migrantes en Ceuta el 30 de julio, un episodio que dejó al menos 100 muertos y colapsó los servicios de emergencia de la ciudad autónoma. La juez ha citado a declarar como testigos clave al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (30 de septiembre), y al delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, este último ya en el punto de mira de la fiscalía por su gestión durante los hechos.
El auto de Tardón también ordena solicitar a fuerzas de seguridad y militares todos los informes de alerta y análisis de riesgo previos a la crisis, incluyendo los destinatarios y métodos de difusión de esas advertencias. La fiscalía, liderada por Silvia Rojas en Ceuta y respaldada por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, defiende investigar a Pérez Triano por su papel en el «contexto operativo y decisorio» de la crisis, argumentando que su inclusión en la causa evita duplicidades que podrían distorsionar las conclusiones.
Mientras, la Comisión Europea ha reaccionado con un plan de emergencia: Ursula von der Leyen propuso este miércoles suspender temporalmente los «estándares de procedimiento» para expulsiones de migrantes irregulares, una medida que busca agilizar los retornos en situaciones como la de Ceuta. La presidenta de la Comisión justificó la propuesta ante el Parlamento Europeo: «Europa necesita herramientas para proteger sus fronteras, especialmente cuando se usan movimientos masivos de personas como arma». La iniciativa, sin embargo, enfrenta críticas desde el grupo S&D, donde Iratxe García exigió a Von der Leyen «valentía para defender fronteras sin abandonar valores», en alusión a la gestión española.
Ceuta sigue en estado crítico: entre 700 y 1.000 menores migrantes permanecen en las calles, según datos del Gobierno, mientras 2.048 ya están en centros de acogida. El Ejecutivo central culpa al Gobierno de Ceuta —con competencias sobre menores— por no solicitar traslados a la Península, acusación que Pedro Sánchez lanzó directamente a Vivas en los pasillos del Congreso: «Eso pregúntele a Vivas». Desde Moncloa se apunta a que el alcalde actúa bajo órdenes de Vox, partido que gobierna en la ciudad autónoma.
La presión sobre los servicios públicos se mantiene: Sanidad enfrenta una huelga el 24 de septiembre por la saturación en Urgencias y Atención Primaria, pese a que el Ministerio de Mónica García asegura haber reforzado la plantilla con 80 profesionales adicionales en agosto. La ministra reconoció «áreas pensionadas» pero descartó un colapso, aunque sindicatos médicos y enfermeros insisten en que la capacidad se ha agotado.
El PNV y el PSOE en la mira: Aitor Esteban, del PNV, denunció que el Gobierno español «mordió el anzuelo» al criticar sus declaraciones sobre un posible «chantaje de Marruecos» durante la crisis. El PSOE, aliado del Ejecutivo, se sumó a las críticas, mientras el partido vasco insistió en que Madrid «priorizó la imagen» sobre el análisis real de la situación.
La crisis, que ya supera los 100 muertos confirmados, revela fallos estructurales en la coordinación entre instituciones españolas, la respuesta europea y las tensiones con Marruecos. La investigación judicial y las propuestas de Bruselas podrían redefinir el marco legal para futuras emergencias, pero de momento, Ceuta sigue sin resolver ni la acogida de miles de personas ni las responsabilidades políticas que la crisis ha dejado al descubierto.
