El Gobierno acusa a la justicia de frenar una solución «operativa e inmediata» mientras 1.700 personas siguen en las calles
Óscar Puente, ministro de Transportes, reconoció este jueves que el Gobierno iba a trasladar a 1.800 migrantes a los campamentos del puerto de Ceuta antes de que la Sección Octava de lo Contencioso-Administrativo paralizara su construcción este miércoles. La medida, solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), obliga ahora a buscar alternativas mientras se resuelve si se autoriza o no el uso de 16.000 metros cuadrados del puerto para alojar a unos 1.000 migrantes.
La resolución judicial, a la que tuvo acceso El Periódico, suspende la Resolución del Ministerio de Transportes del 5 de septiembre, que habilitaba esos terrenos para un dispositivo temporal mientras se tramitan las devoluciones a Marruecos o la concesión de asilo. Puente admitió en TVE que la decisión judicial deja al Ejecutivo «sin opciones claras»: si la jueza deniega la paralización, procederán con el traslado; si la concede, «habrá que ver qué hacemos», dijo, criticando que «hay quien quiere que hagamos magia».
La crisis afecta directamente a Ceuta, donde el Gobierno autonómico y los vecinos exigen soluciones urgentes. Fuentes del Ejecutivo señalan que los terrenos del puerto son los «más idóneos» para garantizar seguridad y orden público,, pero la medida judicial ha generado malestar interno: algunos ministros lamentaron que se frene un operativo «listo para ejecutarse» y diseñado con criterios «humanitarios y de orden público». Desde la Moncloa hablaron de «perplejidad» por una decisión que «paraliza la acción institucional» en un momento crítico.
El conflicto legal se enmarca en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, que permite la instalación de dispositivos temporales en casos de «urgente necesidad». Sin embargo, la paralización judicial obliga ahora a reubicar a los migrantes que ya están en las calles —alrededor de 1.700, según datos del Gobierno— mientras se resuelve el recurso. La Audiencia Nacional ha solicitado información urgente al Ministerio sobre el uso del suelo, pero no ha fijado un plazo para resolver.
El SUP, que impulsó la medida, advirtió que «no se puede ejecutar» la orden hasta que se resuelva la cautelar. Mientras, el Gobierno insiste en que Ceuta «no puede esperar» y reclama «agilidad» para evitar un colapso humanitario y de seguridad. La tensión entre instituciones —justicia, Ejecutivo y fuerzas de seguridad— refleja la falta de consenso en cómo gestionar una crisis que, según fuentes del Gobierno, «es compleja pero no puede traducirse en inacción».
