Maricarmen Abascal, desahuciada tras 20 años de lucha, se convierte en símbolo de la fractura interna por la gestión del Gobierno
Maricarmen Abascal, desahuciada por cuarta vez tras dos décadas de lucha legal por su vivienda, ha desencadenado una crisis interna sin precedentes en el PSOE. Este viernes, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y figura clave de la izquierda del partido, ha advertido públicamente que la vivienda podría ser el detonante de la ruptura de la coalición de Gobierno. La tensión entre las facciones internas del PSOE —con Mónica García y Felipe Puente en el centro del debate— refleja una fractura que ya no se limita a la retórica, sino que se materializa en propuestas concretas y acusaciones directas al Gobierno de Pedro Sánchez.
La declaración de Colau, que ha vinculado explícitamente el caso de Abascal a la incapacidad del Ejecutivo para resolver la emergencia habitacional, marca un punto de no retorno. Mientras el PSOE registra caídas históricas en las encuestas y la oposición acusa al Gobierno de abandono, la izquierda institucional se enfrenta a una disyuntiva: ¿cómo justificar su permanencia en el poder cuando el problema que define su identidad —la desigualdad— se agrava bajo su gestión?
El caso de Abascal, una mujer de 65 años que lleva desde 2006 luchando por mantener su hogar en Madrid, resume el fracaso de las políticas de vivienda del Gobierno. Su desahucio, ejecutado esta semana tras la extinción legal de su contrato de alquiler —a pesar de haberlo renovado durante años—, ha servido como catalizador para una crisis que lleva meses gestándose. La izquierda del PSOE, liderada por figuras como Carles Puigdemont (a través de Junts) y Rufián (en ERC), ha utilizado el caso para exigir medidas urgentes, mientras la derecha acusa al Gobierno de hipocresía al no aplicar sus propias leyes de protección al arrendatario.
El contexto: una crisis de vivienda que el Gobierno no resuelve
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España registró en 2025 más de 350.000 desahucios por impago de alquiler, un 12% más que en 2023. El Gobierno aprobó en 2024 la Ley de Vivienda de Emergencia Social, que incluía moratorias para casos como el de Abascal, pero su aplicación ha sido lenta y desigual. Mientras comunidades como Cataluña y País Vasco han activado fondos adicionales, otras, como Madrid —donde ocurrió el desahucio—, han dependido de ayudas puntuales sin un plan estructural.
La Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, ha defendido que las competencias en vivienda son autonómicas, pero la presión interna en el PSOE crece. Ana Belén, portavoz parlamentaria del partido, citó esta semana al poeta Rafael Alberti para criticar la gestión del Gobierno: *»No es solo un problema de ideología, es un problema de supervivencia política»*, declaró en un acto en Madrid. La referencia a Alberti —poeta republicano vinculado a la lucha social— no fue casual: el PSOE intenta reconectar con su base histórica, pero el desgaste es evidente.
Las reacciones: de la izquierda a la izquierda
La división en el PSOE es palpable. Mientras Mónica García, secretaria de Organización, ha acusado al Gobierno de «traicionar a su electorado» al no priorizar la vivienda, Felipe Puente, secretario de Políticas Sociales, ha intentado mediar con propuestas como la creación de un fondo estatal de emergencia para casos como el de Abascal. Sin embargo, la postura de Colau —que ha hablado de un «casus belli»— ha escalado el conflicto a un nivel no visto desde la crisis del 15-M.
Desde la oposición, el PP y Vox han aprovechado el caso para atacar al Gobierno. Alberto Núñez Feijóo ha exigido «una moratoria nacional inmediata», mientras Santiago Abascal (sin relación familiar con Maricarmen) ha calificado la situación de «escándalo institucional». Incluso Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido señalada por la izquierda como cómplice al no actuar ante el desahucio, a pesar de que las competencias en vivienda son estatales.
¿Qué pasa ahora? El reloj electoral acelera la crisis
Con las elecciones autonómicas y municipales previstas para 2027, el PSOE enfrenta un dilema: ¿mantener la coalición a pesar de las críticas internas o arriesgarse a una ruptura que debilite aún más su posición? La presión de Sumar —aliado clave del Gobierno— es otro factor crítico. Yolanda Díaz ha instado a Sánchez a «tomar decisiones valientes», pero la falta de consenso en el partido complica cualquier avance.
Mientras, Maricarmen Abascal sigue en la calle, sin hogar y con una cuenta en redes sociales donde denuncia: *»Me han echado de mi casa cuatro veces. La última, después de 20 años. ¿Dónde está la justicia?»*. Su caso, que ha viralizado el hashtag #MaricarmenAbascal, ha convertido su lucha en un símbolo de la crisis de vivienda en España. Para el PSOE, el tiempo se agota: si no actúa, la izquierda institucional podría perder su última oportunidad de sobrevivir al ciclo electoral.
La pregunta que ahora resuena en Moncloa es clara: ¿la vivienda será el fin de la coalición, o el inicio de su reconstrucción?
