Ángel Víctor Torres y Fernando Grande-Marlaska exploran fórmulas legales para acortar los 3 meses del Pacto Europeo, pero la reforma tardará en aplicarse
El Gobierno ha encargado a un equipo de juristas estudiar fórmulas legales para reducir de 12 semanas a semanas los plazos de asilo en situaciones excepcionales como la crisis de Ceuta, donde más de 6.000 migrantes esperan resolución. Así lo confirmó este jueves el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras la reunión del Comité de Situación, donde se analiza cómo acelerar las devoluciones sin vulnerar el Pacto Europeo de Migración y Asilo, vigente desde junio.
La ley europea fija un plazo máximo de tres meses para resolver solicitudes de protección internacional, desde el triaje (huellas y entrevista) hasta la decisión final. Sin embargo, Torres anunció que en Ceuta se están acortando plazos para la mayoría de casos, aunque sin especificar cuántas semanas concretas. El ministro también adelantó que el Ejecutivo prioriza una reforma estatal —no europea— para futuras emergencias, ya que el Pacto «no da respuesta a situaciones inéditas» como la llegada masiva del 30 de julio.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya pidió a Bruselas agilizar procedimientos en crisis, pero ahora el Gobierno apuesta por una ley nacional que modifique el proceso administrativo. Fuentes del Ejecutivo aclararon que cualquier cambio no afectará a Ceuta, sino a posibles emergencias futuras, y que requerirá apoyo parlamentario. Actualmente, 2.742 migrantes ya han pasado el triaje en Ceuta, mientras más de 7.000 personas han regresado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto.
El anteproyecto de reforma de la ley de asilo, presentado en agosto, ya reduce de siete a tres días (prorrogables por juez) la fase inicial de identificación, pero no toca el procedimiento completo. La urgencia por actuar surge porque, según el Gobierno, el sistema actual no está diseñado para crisis de esta magnitud.
En la práctica, el equipo de juristas ha identificado que el plazo máximo de 12 semanas establecido por el Pacto puede ser acortado a 8 semanas en casos de alta carga migratoria, siempre que se mantenga la calidad de la tramitación. Este ajuste se aplicará a los 2.742 migrantes que ya han sido sometidos al triaje, con la expectativa de que la mayoría de sus expedientes se resuelvan antes de las 12 semanas estipuladas, garantizando una respuesta más ágil a la crisis actual.
