El alcalde Carlos Velázquez defiende una infraestructura inspirada en Valencia, mientras el PSOE critica la falta de consenso en el proyecto
El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha relanzado este lunes el debate sobre el futuro pabellón deportivo multiusos de la ciudad durante el Debate del Estado de la Ciudad. Velázquez propuso un modelo inspirado en el Roig Arena de Valencia, una infraestructura de 15.000 metros cuadrados y capacidad para 12.000 espectadores, que generó un cruce de acusaciones inmediatas entre el PP y el PSOE.
El concejal de Hacienda del equipo de gobierno, Juan José Alcalde, defendió la iniciativa y cuestionó las críticas socialistas, que según Alcalde «llevan años bloqueando cualquier avance en este proyecto». El PSOE, por su parte, acusó al PP de impulsar una solución «costosa y sin consenso previo», recordando que el proyecto ya fue rechazado en 2023 por falta de viabilidad económica.
El pabellón multiusos de Toledo es un tema recurrente en la política local desde 2021, cuando el Ayuntamiento aprobó un estudio de viabilidad que estimó un coste de 45 millones de euros. El Roig Arena, inaugurado en 2018, tiene un presupuesto similar (42 millones) pero cuenta con patrocinios privados que cubren el 30% de su mantenimiento. En Toledo, sin embargo, ningún partido ha logrado atraer inversiones externas para reducir el impacto en las arcas municipales.
El conflicto trasciende lo deportivo: el proyecto incluye un centro de formación para jóvenes y un espacio polivalente para eventos culturales, áreas que el PSOE argumenta podrían desarrollarse en instalaciones existentes sin necesidad de una nueva infraestructura. Mientras, el PP insiste en que Toledo necesita un equipamiento «a la altura de su peso demográfico» (107.000 habitantes), comparable al de ciudades como Murcia o Granada, que ya disponen de pabellones similares.
La próxima reunión de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, prevista para el 3 de octubre, será clave para determinar si el proyecto avanza hacia un estudio de impacto ambiental o queda paralizado por falta de acuerdo político. Hasta entonces, los vecinos tendrán que elegir entre esperar a una solución consensuada o asumir un gasto adicional en sus impuestos.
