El secretario general de Junts critica el «activismo político» del tribunal y exige aplicar la amnistía sin esperar al pleno del 6 de octubre
El secretario general de Junts, **Jordi Turull**, ha calificado la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de considerar amnistiable la malversación como una «desautorización» a los jueces que, según su partido, practican «activismo político» y «política con toga». Lo ha afirmado este lunes en rueda de prensa desde la sede de Junts en Barcelona, tras conocerse el fallo que abre la puerta al regreso de **Carles Puigdemont** cuando el Tribunal Supremo dicte la sentencia, prevista para las próximas semanas.
Turull ha lamentado que el pronunciamiento llega «muy tarde» y, aunque lo ha calificado como un «paso importante» para la amnistía a los dirigentes del **1-O**, ha advertido de que aún quedan «muchos» obstáculos por superar. El fallo del TC, según el magistrado del Supremo **Pablo Llarena**, se aplicará de inmediato, aunque Junts exige que el Tribunal Supremo haga efectiva la amnistía sin esperar al pleno del **6 de octubre**, cuando el magistrado **José María Macías** presente una nueva ponencia con los argumentos de la mayoría.
La decisión del TC afecta directamente a Puigdemont, cuya sentencia pendiente podría verse modificada. Turull, sin embargo, ha evitado dar detalles sobre los escenarios previstos para su posible regreso, alegando que «quien lo haga está haciendo el fantasma». El expresidenta catalán cumple condena en Bélgica por desobediencia y rebelión, aunque su caso está vinculado a la malversación, ahora considerada amnistiable.
El Tribunal Constitucional actúa en este caso como órgano de garantía de los derechos fundamentales, pero su decisión ha generado tensiones políticas. El **Tribunal Supremo** ya había abierto la puerta a la amnistía en sentencias anteriores, aunque su aplicación dependía de la interpretación final del TC. Ahora, con este fallo, el Supremo podría acelerar el proceso sin esperar a la ponencia del 6 de octubre, lo que agilizaría el regreso de Puigdemont y otros líderes independentistas.
La amnistía, impulsada por el Gobierno central, busca cerrar el conflicto político en Cataluña, pero su tramitación ha sido objeto de disputas legales y políticas. El **Parlamento catalán** ya aprobó una ley de amnistía en 2021, aunque el Tribunal Constitucional la anuló parcialmente. Este nuevo pronunciamiento podría reabrir el debate sobre su aplicación efectiva, con implicaciones directas para los partidos independentistas y el Gobierno de **Pedro Sánchez**, que ha defendido la medida como paso para la reconciliación.
