El Gobierno de Andy Burnham destina 26,8 millones de euros y garantiza juicios con fechas fijas para agilizar procesos y reducir el trauma de las afectadas
Andy Burnham, primer ministro británico, anunció este lunes la creación de tribunales especializados en violaciones y delitos sexuales en Inglaterra y Gales, con un presupuesto de 26,8 millones de euros y medidas para evitar el contacto entre víctimas y acusados.
La reforma, que entrará en vigor en dos años, incluye salas exclusivas para estos casos, entrada privada para víctimas y declaración por videoconferencia. Actualmente, algunas de estas disposiciones ya existen, pero su aplicación no es obligatoria.
Burnham destacó que las tasas de procesamiento por violación en Reino Unido «siguen siendo vergonzosamente bajas» y que muchas víctimas «esperan años para obtener justicia». La nueva normativa busca «reequilibrar la balanza de la justicia» y priorizar el bienestar de las afectadas, según un comunicado oficial.
Entre las novedades, los juicios tendrán fechas fijas a partir de octubre, evitando listas abiertas, y el personal judicial recibirá formación específica sobre trauma. Cada víctima contará con un único punto de contacto durante el proceso.
El contexto: un sistema judicial criticado por su lentitud y revictimización
Las organizaciones de apoyo a víctimas llevan años denunciando que el sistema judicial británico revictimiza a las afectadas por violaciones. Según datos oficiales, solo el 1,6% de los casos denunciados en 2022 culminaron en condena, una cifra que refleja la lentitud y la falta de especialización en estos delitos.
La directora ejecutiva de Rape Crisis England and Wales, Ciara Bergman, calificó las medidas como un «paso adelante» y subrayó que los tribunales deben estar preparados para responder a las necesidades de las supervivientes. La reforma responde a una demanda histórica de colectivos que reclaman mayor protección y agilidad en la justicia.
¿Qué cambia realmente para las víctimas?
La principal novedad es la obligatoriedad de las medidas ya existentes, como la declaración por videoconferencia o la entrada privada, que hasta ahora dependían de la disponibilidad de cada tribunal. Además, la asignación de una persona de contacto única por víctima busca reducir la burocracia y el estrés durante el proceso.
El coste de 23 millones de libras (26,8 millones de euros) se financiará con el presupuesto del Ministerio de Justicia, y el Gobierno ha asegurado que las salas especializadas se implementarán en todos los tribunales de Inglaterra y Gales. La fecha fija para los juicios, a partir de octubre, busca evitar retrasos y dar certidumbre a las afectadas.
El anuncio subraya que las víctimas de violaciones se han sentido abandonadas por el sistema de justicia, y la reforma pretende corregir esa brecha al garantizar un proceso más humano y centrado en la protección de las afectadas.
El Gobierno ha señalado que la implementación de las nuevas salas y protocolos se llevará a cabo gradualmente, con un plan de seguimiento que evaluará la eficacia de las medidas y ajustará los recursos según sea necesario.
Aunque las medidas son bien recibidas, expertos advierten de que su éxito dependerá de la formación del personal judicial y de la aplicación real en las salas. La reforma no incluye cambios en el marco legal, sino en la gestión procesal.
