Los gobiernos nacionalistas presionan para que Reino Unido facilite decisiones soberanas en sus territorios tras décadas de tensiones
Los gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte han enviado este lunes un mensaje coordinado a Westminster exigiendo que el Gobierno británico prepare un marco constitucional que permita a cada territorio decidir su futuro. La iniciativa, liderada por los dirigentes nacionalistas de cada región, busca formalizar una aspiración hasta ahora defendida desde sus respectivos parlamentos.
El primer ministro escocés, John Swinney, el líder galés Vaughan Gething y el viceprimer ministro de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, han acordado trasladar la demanda al ámbito político central. La propuesta incluye la posibilidad de celebrar consultas soberanas en cada territorio, un paso que podría reabrir el debate sobre la independencia de Escocia —que ya votó en 2014— y la autonomía plena de Gales e Irlanda del Norte.
La presión llega en un contexto de creciente descontento con el centralismo británico, agravado por la falta de representación parlamentaria de Irlanda del Norte tras el colapso del Acuerdo de Viernes Santo en 2022. Según fuentes cercanas a los gobiernos regionales, la coordinación entre las tres naciones busca evitar que Londres bloquee iniciativas unilaterales, como ocurrió con el intento escocés de celebrar un segundo referéndum en 2023.
El precedente de la ley de 2014 y el bloqueo de Westminster
La demanda actual se enmarca en la Ley de Escocia de 2014, que permitió a Edimburgo organizar su propio referéndum de independencia, pero con el veto explícito de Londres a una segunda consulta sin aprobación parlamentaria británica. El Gobierno de Rishi Sunak ha rechazado hasta ahora cualquier reforma constitucional que amplíe las competencias de los parlamentos regionales, argumentando que podría desestabilizar la unidad del Reino Unido.
Sin embargo, la presión de los nacionalistas —que controlan los gobiernos de Escocia y Gales, y comparten poder en Irlanda del Norte— ha obligado a Westminster a negociar. En 2022, el entonces primer ministro Boris Johnson prometió revisar el sistema de financiación de Escocia, pero las propuestas fueron rechazadas por falta de consenso. Ahora, los tres territorios exigen un diálogo formal antes de que el Parlamento británico apruebe cualquier ley que afecte a sus competencias.
¿Qué se juegan cada bando?
Para los nacionalistas, la estrategia es clara: forzar a Londres a negociar desde una posición de fuerza, aprovechando que el Partido Laborista de Keir Starmer —que podría ganar las próximas elecciones en 2027— ha mostrado mayor disposición al diálogo que los conservadores. Starmer ha evitado pronunciarse sobre un nuevo referéndum escocés, pero su gobierno podría flexibilizar el veto británico si los partidos regionalistas logran un acuerdo interno.
El Gobierno británico, por su parte, enfrenta el riesgo de perder el control sobre políticas clave como educación, sanidad o energía en territorios que representan el 40% de la población del Reino Unido. La falta de respuesta podría acelerar procesos independentistas, como ya ocurrió en 2014, cuando el 45% de los escoceses votó a favor de la secesión. Esta vez, con un contexto económico más frágil y una UE menos receptiva a nuevas adhesiones, el escenario es aún más complejo.
La próxima reunión entre los líderes regionales y el primer ministro británico está prevista para octubre, aunque fuentes de Downing Street advierten de que cualquier cambio constitucional requerirá una mayoría de dos tercios en la Cámara de los Comunes, algo casi imposible con la fragmentación actual del Parlamento.
