El ministro acusa al PP de bloquear el avance con sus aliados en el PPE y asegura que España asume el coste de la iniciativa
José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, ha instado este lunes a los Estados miembros de la Unión Europea con reticencias a que retiren sus objeciones para incluir el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales en el reglamento lingüístico comunitario. Lo ha hecho en vísperas de que la propuesta vuelva a debatirse en el Consejo de Asuntos Generales, donde no está prevista votación pero sí un nuevo intento de alcanzar la unanimidad necesaria para su aprobación.
Albares ha asegurado que España no tiene ningún interés nacional en juego que justifique retrasar la decisión, y ha criticado abiertamente al Partido Popular por presionar a sus aliados en el Partido Popular Europeo (PPE) para frenar el avance. «No deberían prestarse a hacerle el juego al PP», ha afirmado, subrayando que, de no ser por esta presión, «la oficialidad ya estaría».
La propuesta, impulsada por el Gobierno en agosto de 2023 como parte de los acuerdos con Junts per Cataluña, busca ampliar el régimen lingüístico de la UE sin sentar precedente para otras lenguas minoritarias. España se ha comprometido a asumir el coste de la iniciativa, aunque el ministro ha evitado concretar plazos: «Trabajo para ello, pero no puedo certificar una fecha», ha dicho, aunque ha insistido en que.
El Consejo de Asuntos Generales abordará la cuestión sin votación formal, pero con el objetivo de resolver las últimas dudas de los Estados miembros que aún piden más tiempo. Según Albares, existe una «mayoría» dispuesta a respaldar la propuesta, aunque persisten objeciones «partidistas» que, a su juicio, no tienen fundamento legal.
El precedente de los acuerdos con Junts y el coste político
La inclusión de las lenguas cooficiales españolas en el reglamento de la UE responde a un compromiso adquirido por el Gobierno con Junts per Cataluña tras las elecciones de 2023. El acuerdo, firmado en agosto de ese año, vinculaba el apoyo parlamentario a los presupuestos generales con avances en políticas lingüísticas y territoriales. La oficialidad en Bruselas era uno de los puntos clave, y su retraso podría interpretarse como un incumplimiento.
Sin embargo, el proceso ha topado con la resistencia de algunos socios europeos, especialmente aquellos gobernados por partidos del PPE, donde el PP mantiene influencia. Albares ha acusado a Feijóo de instrumentalizar la cuestión para debilitar al Gobierno, algo que el partido conservador niega. «Si no hubieran echado el resto para frenar la propuesta, ya estaríamos en la meta», ha recalcado el ministro, aunque sin aportar pruebas concretas de esta supuesta presión.
El coste político del retraso es doble: por un lado, para el Gobierno, que arriesga perder credibilidad con Junts y otros partidos independentistas; por otro, para el PP, que podría verse perjudicado en su estrategia de presentar a España como un Estado centralizado frente a las demandas autonómicas. La tensión entre ambos bandos se ha agudizado en los últimos meses, con declaraciones cruzadas que reflejan una polarización creciente en el debate lingüístico.
¿Qué implica la oficialidad en la UE y qué pasa después?
La oficialidad de una lengua en el marco de la UE no implica su uso obligatorio en las instituciones, pero sí su reconocimiento como idioma de trabajo en determinados ámbitos, como la documentación administrativa o la comunicación con ciudadanos. En la práctica, supondría un avance simbólico y práctico para las comunidades autónomas, aunque su impacto real dependería de cómo se aplique.
El proceso requiere unanimidad entre los 27 Estados miembros, lo que explica los retrasos. Países como Francia o Alemania han mostrado reservas por miedo a que la medida abra la puerta a otras lenguas regionales, aunque Albares ha descartado este riesgo: «La propuesta está diseñada para evitar precedentes», ha asegurado. Si se aprueba, las lenguas cooficiales españolas pasarían a formar parte del Reglamento (UE) 1049/2011, que regula el acceso a documentos de la UE.
El siguiente paso dependerá de la reunión del Consejo de Asuntos Generales. Si los Estados reticentes ceden, la oficialidad podría lograrse antes de que termine la legislatura, aunque Albares ha evitado dar fechas concretas. Lo que sí ha quedado claro es que el Gobierno no piensa retroceder: «No hay objeción legítima más allá de las partidistas», ha zanjado, dejando poco margen para negociaciones adicionales.
