El Gobierno cita en octubre a sindicatos, patronal y partidos para evitar que la inteligencia artificial quede en manos de ‘tecnooligarcas’ y acelere brechas sociales
Pedro Sánchez ha presentado este lunes en la Moncloa el ‘Plan IA360’, un paquete de medidas para impulsar un despliegue responsable de la inteligencia artificial en España, con un plazo de ejecución de 12 meses. El presidente ha advertido de que el país llega «un poco tarde» a este desafío y ha anunciado la convocatoria para octubre de una mesa de diálogo con sindicatos, patronal y partidos políticos para negociar un ‘nuevo contrato social’ que regule su impacto en el empleo, la privacidad y la economía.
El plan, que sitúa a España entre los diez países con mayor adopción de IA generativa —con casi la mitad de la población laboral ya utilizándola—, busca transformar esa rápida incorporación en un motor económico y evitar que la tecnología profundice las brechas sociales. Sánchez ha criticado a las grandes tecnológicas, a las que ha llamado ‘tecno oligarcas’, por oponerse a regulaciones que limiten su poder y ha alertado de que una IA descontrolada y concentrada en pocas manos podría suponer «el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia» en términos de democracia y prosperidad compartida.
Entre las medidas concretas, el Gobierno propone adaptar los currículos de secundaria y formación profesional para incluir habilidades en IA, reforzar la gobernanza tecnológica y garantizar supervisión y trazabilidad en su desarrollo. Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, ha subrayado que el objetivo es evitar que la IA se convierta en un ‘objeto de consumo’ sin dueños claros, sino en una herramienta que ‘amplíe el entendimiento’ y no lo sustituya.
El plan llega en un contexto de creciente debate global sobre los riesgos de la IA, donde España busca posicionarse como líder en una agenda reguladora que combine innovación y protección social. Sánchez ha recordado que, como en el siglo XIX, algunos magnates defienden que la autorregulación es suficiente, pero ha rechazado esa postura: «No vamos a confiar en unos pocos. Vamos a confiar entre todos».
El contexto: España ya es pionera en adopción de IA, pero sin marco legal unificado
Según datos del Gobierno, España ocupa el top 10 mundial en uso de inteligencia artificial generativa, con un 45% de la población laboral empleándola ya en su día a día. Sin embargo, este avance no va acompañado de un marco legal específico que regule su desarrollo, algo que el plan IA360 pretende corregir. La Unión Europea aprobó en 2024 el ‘Reglamento de IA’, que clasifica los sistemas según su riesgo y obliga a evaluaciones de impacto, pero su aplicación en España aún es desigual entre comunidades autónomas.
El Gobierno destaca que el plan no busca frenar la innovación, sino encauzarla. Carlos Cuerpo ha señalado que el debate actual se reduce a una falsa dicotomía: «¿Acelerar o frenar?». La propuesta del Ejecutivo apuesta por un tercer camino: integrar a todos los actores —desde científicos hasta ciudadanos— en la toma de decisiones, evitando que la IA se convierta en un ‘objeto de consumo’ sin control democrático.
¿Qué se juegan los actores?
Sindicatos y patronal tendrán un papel clave en las negociaciones de octubre, ya que el plan incluye medidas para adaptar el mercado laboral a los cambios que traerá la IA. CCOO y UGT, por ejemplo, han mostrado interés en garantizar que la automatización no suponga despidos masivos, mientras que CEOE ha defendido la necesidad de formación continua para los trabajadores. El Gobierno busca un acuerdo tripartito que evite conflictos sociales futuros.
Por su parte, los partidos políticos tendrán que alinearse en una propuesta común, algo complicado dado que PP y Vox han criticado en el pasado las regulaciones «excesivas» sobre tecnología. El Ejecutivo confía en que el ‘factor moral’ —la idea de que España puede liderar una agenda global— sea un argumento convincente para sumar apoyos.
Las grandes tecnológicas, como Google, Microsoft o Meta, podrían verse afectadas por las medidas de trazabilidad y supervisión, aunque Sánchez ha dejado claro que el objetivo no es perseguir la innovación, sino evitar monopolios abusivos. Empresas españolas como Telefónica o Indra podrían beneficiarse de un marco regulatorio claro que atraiga inversión.
En el ámbito internacional, el plan busca que España influya en la agenda global de la IA, especialmente en la UE, donde el ‘Reglamento de IA’ ya está en vigor. Sánchez ha mencionado la necesidad de evitar que la tecnología quede concentrada en ‘un puñado de países’, algo que podría debilitar la soberanía europea.
El siguiente paso: la mesa de diálogo en octubre
El Gobierno ha confirmado que la primera reunión con agentes sociales y partidos tendrá lugar en octubre, aunque no ha detallado aún la agenda concreta. Según fuentes del Ejecutivo, se buscará un consenso amplio sobre cuatro ejes: protección de datos, formación profesional, gobernanza pública y diálogo social. La presión por llegar a un acuerdo será alta, dado que la IA ya está transformando sectores como la sanidad, la educación o la justicia.
Uno de los desafíos será equilibrar las demandas de seguridad jurídica para las empresas con las garantías de protección social para los ciudadanos. Sánchez ha advertido de que, si no se actúa con urgencia, el país podría quedarse ‘a merced’ de las decisiones de unas pocas corporaciones tecnológicas, con riesgos para la democracia y la cohesión social.
El plan IA360 también incluye la creación de un ‘Observatorio de IA’ para monitorizar su impacto, con participación de expertos independientes. Este órgano tendría como misión evaluar si las medidas adoptadas están logrando los objetivos de inclusión y transparencia.
Mientras, la oposición ya ha reaccionado. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha calificado el plan de «demasiado intervencionista» y ha abogado por ‘menos regulación y más libertad’ para las empresas. Ayuso, por su parte, ha criticado que el Gobierno «pierda el tiempo en mesas de diálogo» cuando, según ella, lo urgente es ‘atender a los ciudadanos’. Vox, en cambio, ha mostrado cierto interés en las medidas de protección de menores, aunque ha rechazado cualquier restricción a la innovación.
