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Lun. Sep 21st, 2026

El Tribunal Supremo suspende el voto de 500.000 nuevos españoles por la ley de nietos

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La Moncloa - Gobierno de España (Pool Moncloa)
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El Supremo alerta de un ‘riesgo grave’ en el censo electoral tras duplicar el voto exterior en cuatro años; el Gobierno acusa de ‘tergiversación’

El Tribunal Supremo ha suspendido temporalmente el derecho al voto de miles de españoles residentes en el extranjero que obtuvieron la nacionalidad mediante la ley de nietos. La decisión, adoptada por el riesgo de ‘alteración del censo electoral’, afecta a más de 500.000 personas que han recibido la nacionalidad desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en 2022.

El Supremo considera que existe un ‘peligro fundado’ de que este proceso masivo —que ha duplicado el censo exterior en cuatro años— pueda afectar al proceso electoral. Según datos oficiales, el censo exterior ha crecido más de 400.000 personas desde julio de 2023, alcanzando los 2,7 millones, y podría superar los 3 millones antes de las próximas elecciones. La mayoría de estos nuevos votantes residen en Argentina, un país que no fue históricamente destino masivo del exilio republicano.

El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, ha reaccionado con dureza. El presidente acusó al Supremo de ‘tergiversar’ los hechos y aseguró que la medida responde a una ‘campaña política’. La ley de nietos, aprobada en 2022, permitió la nacionalización de descendientes de exiliados, pero su aplicación se extendió a emigrantes de generaciones anteriores, algo que el Supremo cuestiona por su impacto en el censo.

La polémica revive un debate recurrente: la baja participación histórica del voto exterior (8,9% en 2023, frente al 30% de décadas anteriores). Partidos como el PNV o el BNG ya denunciaron en 2011 irregularidades en este censo, lo que llevó a restringir el voto rogado. Ahora, con un censo duplicado, el Supremo teme que la falta de arraigo de muchos nuevos votantes —algunos nunca han pisado España— pueda distorsionar el resultado electoral.

La suspensión entra en vigor antes de las elecciones de noviembre de 2026, aunque el Gobierno ya ha anunciado que recurrirá la decisión. Mientras, el debate legal y político se intensifica: ¿es legítimo ampliar el censo sin garantías de participación real, o el Supremo exagera los riesgos?

Sigue la cobertura: El Supremo suspende el voto de 400.000 nietos de emigrantes

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