El Gobierno lanza el Plan IA 360 con cuatro ejes: formación, inversión en tecnología, alianzas internacionales y un ‘contrato social’ liderado por Sánchez para evitar que las empresas controlen la IA sin supervisión
Pedro Sánchez ha anunciado este lunes la apertura de una mesa de negociación multilateral en octubre para articular un «nuevo contrato social» sobre inteligencia artificial (IA), un acuerdo que incluirá a sindicatos, patronal, partidos políticos, empresas privadas y administraciones públicas. El objetivo, según declaró el presidente del Gobierno, es establecer «reglas claras» para evitar que el desarrollo de esta tecnología quede en manos de «unos pocos» sin supervisión pública. Sánchez criticó directamente a las grandes tecnológicas, citando declaraciones recientes de Sam Altman, CEO de OpenAI, que instaba a confiar en su sector. «No vamos a confiar en ellos», advirtió Sánchez, quien recordó que los oligarcas industriales del pasado —como el magnate de los ferrocarriles William Vanderbilt, que en el siglo XIX declaró «al diablo con la gente»— acabaron siendo regulados por el interés público.
La iniciativa se enmarca en el lanzamiento del Plan IA 360, una estrategia presentada junto al vicepresidente Carlos Cuerpo que se desarrollará en cuatro ejes durante los próximos doce meses. El primero busca impulsar la adopción de la IA en pymes y autónomos mediante un «Bono Inteligencia Artificial» —aún sin cuantía ni fecha concreta— para que, en 2030, más de la mitad de las empresas españolas la integren en sus procesos. España ya ocupa el «top-10 mundial» en adopción social de esta tecnología, según Sánchez, aunque el plan incluye ajustes en los planes de estudio de Secundaria y Formación Profesional para enseñar a «usar y convivir» con la IA sin que perjudique el aprendizaje de los alumnos.
El segundo eje refuerza el «músculo tecnológico» español con proyectos como la gigafactoría europea y centros de datos sostenibles, apoyando iniciativas como las del Barcelona Supercomputing Center (BSC) para investigar «inteligencia artificial de frontera». Sánchez destacó la necesidad de evitar que España dependa de los modelos de EE.UU. y China, promoviendo una «tercera vía» con alianzas internacionales. Este lunes adelantó que el Gobierno buscará sumar a Japón a una alianza estratégica ya iniciada con Canadá y México, centrada en responsabilizar legal y financieramente a las empresas por los daños de sus algoritmos, como los deep fakes, los problemas de salud mental en jóvenes o el robo de propiedad intelectual.
El cuarto eje, y el más ambicioso, es ese «acuerdo de país» para establecer guías de implantación de la IA en España. Sánchez insistió en que debe ser una tecnología «con supervisión y trazabilidad», que ayude a tomar decisiones sin reemplazar el criterio humano. «Si lo hacemos bien, la IA puede hacer a los trabajadores más valiosos, no más prescindibles», advirtió, subrayando que el Gobierno liderará las negociaciones.
El precedente de la regulación tecnológica en España
Esta iniciativa no es la primera vez que el Gobierno intenta regular sectores tecnológicos con participación multilateral. En 2019, el Ejecutivo impulsó la Ley de Servicios Digitales, que obligaba a plataformas como Google o Meta a moderar contenidos ilegales, aunque su aplicación generó tensiones con Bruselas por considerarse insuficiente. El nuevo plan, sin embargo, va más allá: busca un marco ético y legal vinculante, no solo directrices. La referencia histórica más clara es la Ley de Competencia Desleal de 2015, que limitó el poder de los oligopolios tradicionales, pero adaptada ahora a un sector —el tecnológico— donde el control de datos y algoritmos equivale a un nuevo tipo de monopolio.
¿Qué se juegan los actores implicados?
Para los sindicatos —como CCOO o UGT, que ya han mostrado escepticismo ante la automatización—, este acuerdo podría ser clave para evitar que la IA acelere la precarización laboral. La patronal, representada por CEOE, se enfrenta a un dilema: por un lado, necesita atraer inversión tecnológica; por otro, teme regulaciones que encarezcan la innovación. Los partidos políticos ven aquí una oportunidad para posicionarse: el PP ya ha criticado en redes que el Gobierno «cede soberanía» a las multinacionales, mientras Vox exige «prohibir la IA en servicios públicos». Las empresas tecnológicas —como Telefónica o Indra, que ya operan en el sector— podrían beneficiarse si el plan fomenta su crecimiento, pero arriesgan perder influencia si se imponen reglas estrictas. Incluso la Comisión Europea, que ha impulsado el Reglamento de IA (2024), observará con lupa si España logra un consenso nacional antes de que Bruselas exija adaptaciones.
El verdadero desafío será evitar que este «contrato social» quede en un documento sin aplicación real. En 2020, el Gobierno aprobó el Plan de Recuperación con promesas de digitalización, pero solo el 30% de las pymes lo implementó. Si el Bono IA no incluye fondos concretos ni plazos vinculantes, el riesgo es que termine siendo otro anuncio sin seguimiento. Sánchez ha adelantado que las negociaciones serán «ágeis», pero la historia reciente sugiere que la lentitud burocrática —y la falta de consenso entre partidos— podría diluir sus objetivos.
Lo que sí está claro es que, esta vez, el Gobierno no dejará la IA en manos de «los oligarcas del presente». La pregunta es si logrará que el resto del país —incluidas las empresas— se sumen al acuerdo antes de que sea demasiado tarde.
