El Gobierno abrirá una mesa de diálogo en octubre tras presentar su plan nacional y defenderá límites internacionales ante la ONU.
Sindicatos y organizaciones empresariales acudirán en octubre a la convocatoria del Gobierno para abordar la regulación del impacto laboral de la inteligencia artificial. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presentó este lunes en el Palacio de la Moncloa el denominado ‘Plan para un despliegue responsable de la IA’. La iniciativa busca articular lo que definió como «un nuevo contrato social para la IA» con el propósito de «poner en nuestro país a las personas en el centro de todas las prioridades» y reforzar la protección de las plantillas ante las transformaciones técnicas en los centros de trabajo.
Durante el acto institucional, Pedro Sánchez defendió el establecimiento de «unos estándares mínimos entre todas las naciones» en el diseño de estas herramientas digitales. La intervención coincidió con los preparativos de su viaje oficial a Estados Unidos. El mandatario advirtió de que estas medidas deben acordarse antes de que sea «demasiado tarde» y describió la evolución tecnológica como un «desafío» donde España debe mantener un papel activo.
El jefe del Ejecutivo argumentó que los incentivos de los «tecnológicas» no están «alineados con el interés general». A partir de esa premisa, Pedro Sánchez sostuvo que «la autorregulación no funciona» en este ámbito económico. Según sus palabras, «la IA sin control de la inteligencia humana colectiva es caos y, probablemente, estupidez». Por ello, reclamó actuar con carácter urgente para «democratizar» la tecnología mediante mecanismos de «supervisión y trazabilidad» que garanticen efectos favorables sobre la economía y las instituciones democráticas.
El debate multilateral en la Asamblea General de la ONU
La regulación tecnológica ocupará un espacio prioritario en la agenda que Pedro Sánchez desarrollará esta semana en Nueva York con motivo de la semana de alto nivel de las Naciones Unidas. Su programa oficial prevé una intervención este martes en un foro multilateral específico sobre la salvaguarda de los derechos de la infancia ante los sistemas de inteligencia artificial. El jueves continuará su recorrido en Boston, donde pronunciará una conferencia en la Universidad de Harvard dentro del foro John Kennedy centrado en políticas digitales.
Las intervenciones programadas en territorio estadounidense examinarán los riesgos y oportunidades asociados a estas herramientas algorítmicas. El mensaje oficial incidirá en la acumulación de poder en manos de grandes compañías tecnológicas y las consecuencias directas de esa concentración empresarial sobre la estabilidad democrática. El equipo de presidencia valora las propuestas normativas que promueven tanto la Organización de las Naciones Unidas como China junto a diversos países del sur global, con el propósito de situar este debate en el núcleo de la diplomacia internacional.
En el marco comunitario, el Ejecutivo español respalda la postura expresada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Las directrices comunitarias plantean límites estrictos al dominio de las grandes corporaciones del sector digital. Entre las medidas contempladas en ese ámbito se encuentra la restricción formal del acceso a plataformas de redes sociales para menores de 13 años.
La negociación colectiva ante la automatización algorítmica
El diálogo social previsto para octubre situará la gestión de los algoritmos en el centro de las relaciones laborales ordinarias. Las organizaciones sindicales y patronales deberán negociar pautas comunes sobre la implantación de sistemas automáticos de supervisión, selección y evaluación del personal. El marco legal español ya incorporó precedentes en esta materia a través de la legislación laboral sobre reparto en plataformas digitales, que reconoció el derecho de representación de los comités de empresa a conocer los parámetros de los algoritmos que inciden en las condiciones de trabajo.
La futura mesa tripartita abordará el modo en que la automatización afecta a las plantillas en sectores de servicios, industria y tareas administrativas. Los agentes sociales disponen de competencias consolidadas en el Estatuto de los Trabajadores para pactar protocolos de transición técnica, recalificación profesional y garantías de no discriminación por sesgos de software. El Gobierno pretende que los acuerdos alcanzados sirvan de base para adaptar los convenios colectivos a la adopción generalizada de herramientas informáticas avanzadas.
El seguimiento del uso de datos en los entornos productivos involucra también a las autoridades laborales en materia de prevención de riesgos y protección de la intimidad. Las negociaciones colectivas en España han tendido a incorporar cláusulas específicas sobre desconexión digital y control telemático de la jornada. Con la apertura de este proceso en octubre, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las partes firmantes del diálogo social buscarán consolidar un esquema vinculante que evite despidos derivados de la integración de sistemas generativos en las empresas.
El marco regulatorio europeo sobre sistemas inteligentes
La estrategia española se coordina de forma directa con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial recientemente aprobado por las instituciones de la Unión Europea. La normativa comunitaria establece una clasificación de riesgos que prohíbe determinadas prácticas de vigilancia biométrica y sujeta los sistemas considerados de alto riesgo a exigencias documentales y auditorías técnicas previas a su comercialización. El texto europeo delega en los Estados miembros la supervisión directa del cumplimiento empresarial.
España creó la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial con sede en La Coruña para coordinar estas inspecciones administrativas. Dicho organismo público tiene asignada la tarea de velar porque el despliegue técnico respete los derechos fundamentales reconocidos en la Carta comunitaria. La iniciativa gubernamental expuesta en Moncloa busca articular esa estructura institucional con los compromisos de las empresas y los requerimientos sindicales.
El debate internacional sobre la gobernanza digital enfrenta distintos modelos de intervención pública. Mientras la administración europea y los organismos multilaterales promueven mecanismos de certificación previa y rendición de cuentas, las principales empresas operadoras con sede en Estados Unidos han defendido esquemas de compromisos voluntarios. La posición defendida por el Gobierno en foros académicos y diplomáticos respalda la obligatoriedad de los controles estatales para frenar la concentración corporativa en el sector informático global.
