Sira Rego anuncia 90 millones movilizados y denuncia que las comunidades gobernadas por el PP rechazan acogerlos; Torres cifra en 3.000 los migrantes en calles y avanza en devoluciones voluntarias
Ceuta acumula 2.300 menores migrantes sin protección legal: 1.600 ya registrados por el Gobierno y entre 500 y 700 en calles, según cifras oficiales. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha confirmado que la mayoría quiere quedarse en España y ha acusado al PP de «hacer politiqueo» al negarse a acogerlos en comunidades autónomas donde gobierna.
El Ejecutivo ha movilizado 90 millones de euros para tutelar a estos menores y exige su traslado urgente a la Península, donde habría plazas inmediatas. Rego ha denunciado que el Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas (PP), no plantea esta opción, pese a haberla considerado viable antes. «Esto habilitaría 500 o 600 plazas al instante», ha señalado, criticando el «bloqueo sistemático» a soluciones.
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en más de 3.000 migrantes (incluidos menores) los que siguen en calles, casi dos meses después de la llegada masiva. Entre 150 y 200 regresan diariamente a Marruecos de forma voluntaria, según datos del Gobierno. Sin embargo, Rego ha alertado de que 600 expedientes de reagrupación familiar tramitados con Marruecos «no han tenido respuesta», lo que complica las devoluciones.
El conflicto se enmarca en la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, que ampara a estos menores, pero la falta de coordinación entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y Marruecos mantiene la crisis. Rego ha advertido de que el «lenguaje de invasión» usado por sectores de la derecha «rompe la convivencia», en referencia a la agresión sufrida por la diputada Julia Alejandra Ferreras (Ceuta Ya!) durante los disturbios.
El plazo para resolver la situación se acorta: el Gobierno apuesta por reubicar a los menores en la Península antes de que finalice el año, mientras Marruecos mantiene su postura de no facilitar la reagrupación familiar. Las tensiones políticas y la lentitud burocrática agravan una crisis que, según Torres, podría resolverse en «pocas semanas» si se agilizan los traslados.
