Juanma Moreno acusa al Gobierno central de ‘dejar hacer’ mientras el narcotráfico se extiende desde Huelva a Almería y la Fiscalía alerta de ‘situaciones límite’
La Junta de Andalucía ha presentado este lunes una propuesta unánime en el Parlamento autonómico para reactivar la unidad especializada contra el narcotráfico OCON-Sur, disuelta en 2022 por el Ministerio del Interior, tras registrar en 2025 el 77,05% del hachís y el 33,26% de la cocaína incautada en España, según datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO). El presidente autonómico, Juanma Moreno, ha vinculado directamente este auge con la muerte de dos guardias civiles en Huelva y el triple asesinato en Isla Cristina con armas de guerra, además del asesinato de dos agentes en Barbate en 2024.
La unidad OCON-Sur, activa entre 2018 y 2022, fue disuelta por el Gobierno central bajo el argumento de ‘reestructurar plantillas’, una decisión que Moreno califica de «equivocación» con «graves consecuencias». En una carta dirigida al Ejecutivo central, el presidente andaluz ha exigido su reactivación inmediata, respaldado por una Proposición No de Ley aprobada este jueves en el Parlamento autonómico con el apoyo de PP y Vox. Ambos partidos coinciden en señalar al Gobierno de España como responsable de la «pasividad» frente al narcotráfico, que según la fiscal antidroga de la Audiencia Nacional, Ana Rosa Morán, ha alcanzado «situaciones límite» por su carácter «estructural».
El vicepresidente segundo de la Junta y portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha ido más allá al reclamar un cambio legislativo que amplíe las competencias de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Aduanas para actuar sin restricciones legales. Mientras, el Gobierno central, a través de su delegado en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido su plan especial de seguridad —vigente en todas las provincias salvo Córdoba y Jaén— y ha cifrado en 190 millones de euros la inversión en refuerzos de plantillas, con casi 4.100 efectivos adicionales desde 2018. Fernández ha contraatacado acusando a Moreno de no abordar el «entorno social» que nutre a las mafias, aunque la Fiscalía ya ha instado a crear juzgados especializados en delincuencia organizada, como los existentes para violencia de género.
El conflicto refleja una división de competencias: mientras la Junta denuncia la «dejación de funciones» del Estado, el Gobierno central insiste en que la seguridad es responsabilidad compartida. Sin embargo, el informe del CITCO subraya que Andalucía es la principal vía de entrada de drogas en España, con un aumento del 30% en incautaciones desde 2024. La presión política crece: sindicatos de seguridad, como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGE), ya han pedido al Ministerio del Interior la recuperación de OCON-Sur, tachando su desmantelamiento de «gran irresponsabilidad».
