El Gobierno autonómico alega que el Estado debe asumir los costes de pruebas médicas y hospitalización de menores no acompañados
El Gobierno de Ceuta ha presentado este miércoles un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Sanidad para impugnar las liquidaciones del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) por servicios prestados a menores extranjeros no acompañados durante agosto de 2026. La Ciudad Autónoma reclama no asumir los costes, que superan los **1,5 millones de euros**, alegando que las competencias sanitarias en Ceuta corresponden al Estado, gestionadas por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
La decisión se produce tras meses de tensiones entre ambas administraciones. En mayo de 2025, el Ejecutivo ceutí ya recurría liquidaciones similares por pruebas de determinación de edad, un procedimiento que ahora se repite. Según el portavoz del Gobierno autonómico, Alejandro Ramírez, la Ciudad **no puede financiar servicios sanitarios** que, en su opinión, son competencia exclusiva del Estado, aunque sí asume la tutela de estos menores.
El conflicto se centra en la **atribución de competencias**: mientras el Ministerio de Sanidad considera que INGESA debe cobrar por la atención sanitaria, el Gobierno de Ceuta argumenta que la normativa actual **no obliga a la Ciudad a pagar** por servicios que, según su interpretación, corresponden al Estado. La polémica se agrava porque las pruebas de determinación de edad —realizadas en agosto de 2026— ya generaron un precedente en 2025, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Ceuta aún no había resuelto el recurso anterior.
Este enfrentamiento refleja una **tensión estructural** entre autonomías y Estado en la gestión de la migración irregular, especialmente en territorios como Ceuta y Melilla, donde la llegada masiva de menores no acompañados ha colapsado recursos. Mientras el Ministerio de Sanidad insiste en que las liquidaciones son legales, el Gobierno ceutí apela a un **principio de solidaridad interterritorial** que, hasta ahora, no ha sido aplicado en este ámbito.
El recurso, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Ceuta, podría alargar meses la resolución. Mientras, el HUCE sigue facturando servicios a menores tutelados por la Ciudad, una práctica que el Ejecutivo autonómico califica de «injusta» y que podría repetirse en los próximos meses si no hay un acuerdo previo.
