"Javier Ortega visita la valla de Ceuta 28.07.2018" by VOX España is marked with Public Domain Mark 1.0. To view the terms, visit https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/.
Publicidad
El paquete incluye 309 millones en ayudas directas y 50 en avales del ICO, con medidas fiscales permanentes para ambas ciudades autónomas
El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes para palear el impacto económico y social de la crisis migratoria en Ceuta, con un presupuesto total de 359 millones de euros: 309 millones en ayudas directas y 50 millones en líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La norma, decidida en un Consejo de Ministros casi monográfico, busca blindar el tejido productivo y la estabilidad social en la ciudad autónoma, donde las pérdidas empresariales preliminares ya ascienden a 28 millones de euros.
La inyección económica, calificada como «sin precedentes» por el Ejecutivo, equivale al 16% del producto interior bruto (PIB) de Ceuta y se ejecutará en los cuatro meses que restan de 2026. Además de las medidas inmediatas para la plaza norteafricana, el decreto extiende de forma permanente a Melilla parte de las ventajas fiscales y laborales de las que ya disfrutaba Ceuta, en un intento de contener preventivamente posibles efectos similares en la otra ciudad autónoma.
El paquete económico incluye un fondo de 80 millones de euros para aliviar el golpe en el mercado laboral y las finanzas de las pymes. Entre las medidas estrella destacan 36,6 millones en ayudas directas para 2.600 autónomos —5.000 euros por trabajador por cuenta propia— y 1.400 empresas, con cuantías que oscilan entre 10.000 y 150.000 euros según su facturación. Estas ayudas serán gestionadas por la Agencia Tributaria a partir del 14 de septiembre, con el primer abono previsto para octubre. A estas partidas se suman 14 millones para bonos de consumo, campañas turísticas, prestaciones extraordinarias por cese de actividad y ayudas del SEPE para formación.
En el ámbito fiscal y laboral, el Real Decreto-ley introduce reformas permanentes para ambas ciudades autónomas. La bonificación empresarial en la cuota de la Seguridad Social para contratos indefinidos pasa del 50% al 75%, siempre que estos se vinculen a acciones formativas. Por su parte, el Impuesto sobre Sociedades eleva su bonificación del 50% al 60%, mientras que el IRPF mejora la tributación de los autónomos, lo que supondrá un alivio fiscal de 12 millones de euros. De forma transitoria, el Ministerio de Trabajo ha articulado un régimen de ERTE por fuerza mayor con exención total de cuotas para empresas con actividad limitada, así como acceso pleno al desempleo para los trabajadores sin consumir prestación acumulada.
La mayor partida: acogida humanitaria y seguridad
El grueso del presupuesto extraordinario se destina a cubrir las necesidades logísticas, de seguridad y de servicios públicos que han desbordado a las administraciones locales. La partida más abultada, de 118 millones de euros, se asigna a la acogida humanitaria: 63,6 millones irán a la atención de los menores no acompañados que permanecen en la ciudad, mientras que 53,4 millones se destinarán al alojamiento básico de migrantes. En el ámbito de la seguridad y la defensa, el Estado moviliza 90 millones de euros, de los cuales 74 millones se destinarán al despliegue del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Además, se han aprobado incentivos excepcionales de rendimiento para la Policía Nacional (7,1 millones) y la Guardia Civil (8 millones).
Refuerzo de servicios esenciales y coordinación institucional
El plan asigna otros 21 millones de euros al refuerzo de servicios esenciales. Entre las medidas destacan la incorporación de 100 profesionales sanitarios al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), partidas para agilizar la justicia y la asistencia jurídica gratuita, apoyo psicosocial en centros educativos, la promoción internacional a través del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y subvenciones directas a la ciudad autónoma. Entre estas últimas, sobresalen los más de 7 millones de euros aprobados para la planta desalinizadora. La coordinación de este despliegue se lleva a cabo bajo el mando único del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional.
El objetivo del Gobierno es cerrar la fase de emergencia en la frontera exterior de la Unión Europea y garantizar la reactivación económica y social de Ceuta antes de la visita prevista del Rey Felipe VI a la ciudad autónoma. La decisión formaliza el compromiso avanzado el lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y supera las previsiones iniciales para atender la brecha abierta en la economía ceutí.
El marco legal de las ciudades autónomas
Ceuta y Melilla son dos ciudades autónomas españolas situadas en el norte de África, con un estatus especial dentro del territorio nacional. Ambas disfrutan de un régimen fiscal y laboral diferenciado, diseñado históricamente para compensar su situación geográfica y sus particularidades económicas. La extensión de las ventajas fiscales de Ceuta a Melilla, ahora de forma permanente, busca equilibrar el desarrollo económico entre ambas plazas y prevenir futuras crisis derivadas de la presión migratoria. Este marco legal permite a las empresas y autónomos de estas ciudades beneficiarse de bonificaciones en cotizaciones sociales e impuestos, lo que reduce su carga fiscal y fomenta la inversión.
La crisis migratoria y su impacto en la economía local
La crisis migratoria desatada a finales de julio de 2026 en Ceuta ha tenido un impacto inmediato en la economía local, con pérdidas empresariales que ya superan los 28 millones de euros. El colapso en la acogida de migrantes y la saturación de los servicios públicos han generado una situación de emergencia que ha requerido una respuesta rápida y contundente por parte del Gobierno central. La movilización de recursos humanos y económicos, así como la activación de mecanismos excepcionales como los ERTE por fuerza mayor, refleja la gravedad de la situación y la necesidad de evitar un deterioro mayor en el tejido productivo y la cohesión social.
