El exactivista de En Marea, vinculado a Yolanda Díaz, ingresa en prisión tras extradición desde Cuba tras fugarse en 2024
Martiño Ramos, profesor y exmilitante de En Marea, ingresó hoy en la cárcel de Monterroso (Lugo) para cumplir una condena de 13 años y medio por agresión sexual continuada a una menor. Tras fugarse de España en 2024, fue detenido en Cuba en noviembre de 2025 y extraditado en abril de este año.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Orense, confirmada en julio de 2024, detalló que Ramos sometió a la víctima a agresiones físicas y sexuales durante meses, incluyendo sadismo y abandono en el monte. El caso generó revuelo por su perfil político y su relación con Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, quien acumula ahora tres condenados por delitos sexuales en su entorno cercano.
Ramos, que se ocultó en Cuba bajo identidad falsa como fotógrafo, fue trasladado desde la prisión de Aranjuez (Madrid) a la de Monterroso, donde cumplirá su pena. Su extradición cierra un proceso judicial que comenzó tras la denuncia de la menor, entonces estudiante suya.
El caso refuerza el debate sobre la impunidad en delitos sexuales contra menores, especialmente cuando los agresores tienen influencia política. Díaz ya había sido vinculada a otros casos similares: en 2017, su exasesor Ramiro Santalices fue condenado por posesión de pornografía infantil.
La detención de Ramos en Cuba se produjo tras la intervención de las autoridades cubanas, que lo identificaron como el profesor gallego que había huido de España. La extradición, formalizada en abril de 2026, siguió los procedimientos establecidos por el tratado de cooperación judicial entre España y Cuba, y fue aprobada por el tribunal de la capital cubana antes de su traslado a la prisión de Aranjuez.
El traslado de Ramos a la cárcel de Monterroso se realizó en el marco de la normativa de la Administración Central de Penitenciares, que asigna a los condenados a centros que consideren más adecuados según la gravedad del delito y la seguridad del entorno. En este caso, la elección del penal lucense se basó en la proximidad a la localidad donde se cometieron los hechos y en la capacidad del centro para gestionar casos de alto perfil.
