La magistrada denuncia seguimiento ilegal a ella y su familia para desprestigiarla y frenar la investigación contra el hermano del presidente
La jueza **Beatriz Viedma** ha presentado hoy un escrito ante el **Tribunal Central de Instancia de Madrid** para judicializar el acoso personal y profesional que sufrió durante la instrucción del caso contra **David Sánchez Pérez-Castejón**, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según detalla en su denuncia, la llamada *’cloaca’* del PSOE —red de apoyo interno al partido— intentó *’destruir el procedimiento judicial’* mediante seguimiento ilegal a ella y su entorno, recolección de información para desacreditarla y promoción de denuncias falsas.
Viedma, que investigó el caso en el **Juzgado de Instrucción n.º 3 de Badajoz**, asegura que las actuaciones contra ella respondían a un patrón: *’obtener información sobre su persona, desacreditarla públicamente y apartarla de procedimientos judiciales’*. La magistrada, condenada a **9 años de inhabilitación** por prevaricación administrativa en el mismo caso, actúa ahora como **acusación particular** en el proceso que investiga la *’cloaca’* del PSOE, del que es víctima directa.
El caso se enmarca en la investigación abierta por el **Tribunal Central de Instancia de Madrid** (Sección de Instrucción Plaza n.º 5) contra la red interna del PSOE, acusada de interferir en causas judiciales para proteger a cargos del partido. Viedma no es la única afectada: otros jueces y fiscales han denunciado presiones similares en casos como el de **Miguel Ángel Gallardo** (hermano de Pedro Sánchez) o el de **David Sánchez**, vinculado a su nombramiento irregular como alto cargo en la **Diputación de Badajoz**.
La judicialización de su caso eleva el conflicto a un plano institucional. Hasta ahora, las denuncias sobre la *’cloaca’* se centraban en su impacto sobre procesos judiciales. Ahora, Viedma exige que se investigue también el **acoso personal** como delito autónomo, algo que podría abrir una línea de investigación paralela sobre **persecución judicial** o **violencia institucional**. El PSOE aún no ha reaccionado oficialmente, pero fuentes internas ya han tachado las acusaciones de *’maniobra política’* para enturbiar el caso.
El caso tiene precedentes: en **2024**, la **Audiencia de Badajoz** condenó a David Sánchez por prevaricación, pero la sentencia fue recurrida. La judicialización de Viedma podría acelerar la resolución del caso, al convertirla en víctima con derecho a réplica directa en el proceso. Mientras, el **Tribunal Superior de Justicia de Extremadura** ya analiza si existe **obstrucción a la justicia** en las actuaciones denunciadas.
