La asociación denuncia 14 meses sin diligencias en el juzgado de Badajoz y pide ser acusación particular contra Leire Díez
La asociación Hazte Oír (HO) ha solicitado ejercer la acusación particular en el «caso de las cloacas del PSOE», alegando una «posible interferencia de la Fiscalía General del Estado» que habría paralizado su querella contra Leire Díez, vinculada al presunto acoso a la jueza Beatriz Viedma, instructora del caso contra el hermano del presidente del Gobierno.
HO reclama ante la Audiencia Nacional ser reconocida como perjudicada y actuar con representación propia, tras 14 meses sin que se haya practicado ninguna diligencia de investigación en el juzgado de Badajoz, donde recayó la querella en enero de 2025. La asociación sostiene que las presuntas maniobras para neutralizar sus acciones judiciales estarían dirigidas desde instancias superiores, sin especificar responsables concretos.
El «caso Cloacas» investiga supuestas irregularidades en la financiación del PSOE y el uso de información privilegiada para perjudicar a adversarios políticos. La jueza Viedma, encargada del caso en su fase inicial, fue objeto de una denuncia por parte de HO en 2024, que la asociación atribuye a una estrategia para obstaculizar la investigación. La Fiscalía General del Estado, dirigida por Álvaro García Ortiz, no ha respondido públicamente a estas acusaciones.
La figura de la acusación particular permite a las víctimas o perjudicados por un delito personarse en el proceso penal para impulsar la investigación y solicitar medidas cautelares. En este caso, HO argumenta que su exclusión como parte acusadora habría facilitado la paralización del procedimiento, algo que niega el PSOE, que tacha las acusaciones de «maniobra política sin fundamento».
El juzgado de Badajoz, competente para la instrucción, no ha emitido resoluciones recientes sobre el estado de la causa. Mientras, la Audiencia Nacional, que debe decidir sobre la admisión de HO como acusación particular, no ha fijado plazos para resolver la petición. La lentitud en la tramitación ha sido criticada por colectivos de víctimas de corrupción, que exigen mayor transparencia en procesos de alto impacto político.
Fuente: La Razón
