La ministra Aagesen justifica el aumento con la demanda de proyectos renovables y la electrificación masiva, mientras REE y distribuidoras reciben 7.700 y 10.200 millones adicionales hasta 2030
Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, ha anunciado hoy en el Congreso una inversión récord de 17.000 millones de euros en redes eléctricas para 2030, un 144% más que el plan vigente y un 30% superior a la propuesta inicial. El real decreto, aprobado en julio por el Consejo de Ministros, eleva el presupuesto hasta 2030 para responder a un aumento del 41% en solicitudes de electrificación de industrias, puertos y viviendas, frente al 40% de generación renovable que dominaba en planificaciones anteriores.
El documento, actualmente en tramitación tras recibir 2.566 alegaciones, reasigna recursos para priorizar proyectos como la electrificación de 59 ejes ferroviarios y puertos —un 75% más que lo previsto inicialmente—, así como la ampliación de subestaciones (193 en total, un 17% más) y la repotenciación de 8.164 kilómetros de líneas existentes. Las redes de distribución, gestionadas por Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, recibirán 10.200 millones adicionales, mientras que Red Eléctrica de España (REE) contará con 7.700 millones para transporte.
Aagesen atribuyó el incremento a un «país de oportunidades» donde «hay muchísimo apetito por electrificar», desde industrias hasta el parque de viviendas. La inversión anual en redes, limitada al 0,065% del PIB para transporte y al 0,13% para distribución, se flexibilizó progresivamente hasta 2030 para agilizar la ejecución de proyectos.
El plan original, con 13.600 millones, se quedó corto ante la demanda actual: las posiciones para consumo directo en transporte crecieron un 12% (162 unidades), y las líneas eléctricas nuevas alcanzarán 6.706 kilómetros (un 11% más). La ministra destacó que, mientras antes las solicitudes se centraban en generación renovable, ahora el foco es la demanda, con proyectos que van desde la descarbonización industrial hasta la adaptación de infraestructuras críticas.
El contexto: cómo se llegó a este récord de inversión
El real decreto aprobado en julio por el Consejo de Ministros no solo elevó el presupuesto, sino que delimitó su destino y los procedimientos para justificar las inversiones. La norma, que regula los planes de inversión de las empresas distribuidoras, permite ahora destinar hasta 10.200 millones adicionales a redes de distribución, con un calendario escalonado: 1.020 millones en 2027, 2.550 en 2028, 3.060 en 2029 y 3.570 en 2030. Para REE, los 7.700 millones adicionales se repartirán en 700 millones anuales desde 2027 hasta 2.850 millones en 2030.
Este ajuste responde a un escenario donde la transición ecológica ya no es solo cuestión de generación de energía renovable, sino de su distribución y consumo. Según datos del Ministerio, el 41% de las solicitudes actuales provienen de demanda directa —electrificación de industrias, puertos, viviendas—, frente al 40% de generación y el 19% de almacenamiento. La ministra subrayó que la anterior planificación «se centraba en generación renovable», pero ahora el foco es la adaptación de la red a un modelo donde la electricidad es clave para descarbonizar sectores como el transporte o la industria.
¿Qué se juegan las empresas y el Gobierno?
Para las distribuidoras —Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP—, estos fondos son una oportunidad para consolidar su posición en un mercado en expansión. Las cuatro empresas, que gestionan el 90% de la red de distribución en España, verán cómo sus inversiones en modernización y ampliación de infraestructuras se multiplican. Iberdrola, por ejemplo, ya ha anunciado planes para electrificar puertos como el de Valencia, mientras que Naturgy trabaja en proyectos similares en el Mediterráneo.
El Gobierno, por su parte, apuesta por este plan como parte del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, que exige modernizar la red para cumplir los objetivos de reducción de emisiones. La ministra Aagesen vinculó la inversión a la «atracción» de España como hub industrial y energético, especialmente para sectores como el automoción o la química, que requieren alta capacidad eléctrica. Sin embargo, el aumento de fondos también responde a presiones políticas: en los últimos meses, tanto la oposición como sectores industriales han criticado la lentitud en la adaptación de la red a la demanda creciente.
El Partido Popular (PP) ya ha señalado que la inversión es «insuficiente» para evitar cuellos de botella, mientras que Vox ha acusado al Gobierno de «centralizar» la gestión sin consultar a las comunidades autónomas. En Cataluña, por ejemplo, el Govern ha solicitado agilizar proyectos como la electrificación del corredor mediterráneo, que depende en un 60% de infraestructuras gestionadas por REE.
La tramitación del plan, con 2.566 alegaciones recibidas, refleja también la complejidad de equilibrar intereses: mientras las renovables siguen siendo prioritarias, la demanda industrial —especialmente en regiones como Andalucía, Cataluña o País Vasco— ha acelerado la necesidad de ampliar la red. El riesgo, según analistas, es que la falta de coordinación entre administraciones pueda retrasar proyectos clave, como la conexión de parques eólicos con centros de consumo.
