El tribunal rechaza el recurso de las familias para juzgar los hechos por sumario ordinario bajo la tesis de homicidio con dolo eventual
Los familiares de las víctimas del naufragio del Villa de Pitando no podrán transformar la causa judicial en un sumario ordinario. El Tribunal Supremo ha desestimado de forma firme los recursos de queja presentados contra el criterio previo de la Audiencia Nacional. Con esta resolución, el caso continuará bajo los cauces del procedimiento abreviado.
Las familias sostenían que el patrón del buque, José Enrique Padín, junto a los responsables de la empresa armadora Nores, conocía los riesgos de sus incumplimientos. Por esa razón reclamaban sostener una acusación formal por homicidio con dolo eventual. La vía del sumario ordinario es el trámite reservado en la justicia penal para los delitos sancionados con penas privativas de libertad más elevadas.
El pronunciamiento del Supremo descarta evaluar el fondo penal del hundimiento y centra su respuesta en cuestiones formales. Los magistrados subrayan que la resolución impugnada no supone un sobreseimiento encubierto ni termina con el proceso. Por tanto, el texto legal no contempla un recurso de casación para revisar esa decisión procesal previa al juicio oral.
Tanto la Fiscalía como las defensas de la armadora Nores y del propio patrón habían solicitado desestimar estas quejas. El procedimiento continuará en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, a cargo del magistrado Ismael Moreno. El instructor ha admitido sumar tres nuevas infracciones penales a las imputaciones que ya pesan sobre los investigados.
Entre los tipos penales añadidos figuran la imposición de condiciones ilegales a los marineros, la falsedad documental y la tentativa de estafa procesal. A raíz de estas novedades, la acusación particular eleva sus peticiones de cárcel hasta los 18 años para José Enrique Padín. Para los dos directivos de la empresa armadora, la solicitud de condena asciende a 22 años de prisión.
La fianza de responsabilidad civil fijada por el juzgado alcanza casi los 44 millones de euros. De esa suma global, la acusación confirma el depósito efectivo de algo más de 10 millones de euros en metálico. Un aval bancario por los 34 millones de euros restantes cuenta ya con aprobación formal y quedará emitido en los próximos días.
