El juicio sigue abierto tras la vista previa sin acuerdo; las partes se reúnen en próximos meses
La Fiscalía ha solicitado **siete años de prisión** para un empresario de **Lugo** acusado de emplear a dos trabajadores migrantes en situación irregular y someterlos a condiciones laborales que vulneraban sus derechos fundamentales, según el escrito de acusación presentado en el procedimiento.
El caso, que se enmarca en el marco de la **Ley de Extranjería** y la **Ley Orgánica 10/1995 de Código Penal**, se centra en la explotación laboral y el delito de **tráfico ilegal de trabajadores**. La Fiscalía argumenta que el acusado no solo contrató a los migrantes sin los permisos necesarios, sino que también les impuso condiciones que atentaban contra su dignidad y seguridad laboral, algo que ya ha sido tipificado como delito en el artículo 311 bis del Código Penal desde 2015.
El procedimiento judicial sigue abierto tras la **vista previa celebrada este martes**, donde las partes —acusación, defensa y representación legal de los trabajadores— no lograron alcanzar un acuerdo. Según fuentes judiciales, la próxima sesión está convocada para los próximos meses, aunque no se ha fijado aún una fecha concreta. Este tipo de casos suele alargarse por la complejidad probatoria, especialmente cuando se trata de delitos contra derechos laborales de migrantes, donde la falta de documentación agrava la dificultad para demostrar la situación irregular.
El caso refleja un problema estructural en Galicia, donde la **inspección de trabajo** ha detectado en los últimos años un aumento de denuncias por explotación laboral en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios domésticos. Según datos de la **Seguridad Social**, en 2025 se regularizaron más de **12.000 trabajadores migrantes** en la comunidad, pero las organizaciones sindicales advierten de que la cifra negra sigue siendo alta. Este juicio podría servir como precedente para otros casos similares en la región, donde la fiscalía ha intensificado sus investigaciones contra empleadores que aprovechan la vulnerabilidad de los trabajadores en situación irregular.
