La acusación particular denuncia dilaciones indebidas que podrían beneficiar a los acusados con atenuantes en el caso del polígono industrial
La Administración de Justicia ha suspendido en cinco ocasiones el juicio oral por la muerte de un trabajador en un accidente con una carretilla elevadora en el polígono industrial de Toledo, ocurrido hace más de siete años. La acusación particular considera inaceptable, ya que los retrasos no solo alargan la espera de una resolución, sino que podrían derivar en la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas para los acusados.
El caso se enmarca en un procedimiento penal que, según la fuente, acumula demoras atribuidas al funcionamiento interno del sistema judicial. La atenuante de dilaciones indebidas, regulada en el artículo 21.6 del Código Penal, permite reducir la pena cuando el proceso se prolonga más allá de lo razonable sin justificación. Su posible aplicación en este caso añade presión a la acusación, que ve cómo el paso del tiempo podría debilitar la condena.
El accidente, registrado en 2019, involucra a responsables de la empresa donde trabajaba la víctima, aunque la identidad de los acusados y su relación concreta con el suceso no han sido detalladas en el procedimiento. El polígono industrial de Toledo, donde ocurrió el hecho, alberga numerosas empresas de logística y manufactura, sectores con historiales recurrentes de accidentes laborales. Según datos del Ministerio de Trabajo, en 2025 se registraron 692 muertes por accidentes laborales en España, de las cuales el 12% estuvieron relacionadas con maquinaria como carretillas elevadoras.
La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, ha reiterado su preocupación por la falta de avances en el proceso. Aunque no se han hecho públicas declaraciones de los acusados, la defensa podría argumentar que las demoras no son imputables a su cliente, sino a la saturación del sistema judicial. En 2024, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alertó de que el 34% de los juicios penales en España sufrían retrasos superiores a un año, una cifra que en casos complejos, como los de responsabilidad penal por accidentes laborales, puede superar los dos años.
El caso refleja un patrón más amplio de lentitud en la justicia penal española, donde la acumulación de causas y la falta de recursos humanos y materiales prolongan los plazos. En 2025, el Tribunal Supremo emitió una sentencia en la que recordaba que las dilaciones indebidas no pueden ser utilizadas de forma automática para atenuar penas, sino que deben evaluarse caso por caso. Sin embargo, la jurisprudencia también reconoce que plazos superiores a cinco años en procesos penales pueden considerarse excesivos, lo que podría jugar a favor de los acusados en este procedimiento.
