El exministro socialista propone debatir el derecho al voto de los beneficiarios, contradeciendo la postura de Sánchez y López, que defienden la aplicación íntegra de la ley pese a la suspensión del Supremo
Josep Borrell, exministro de Asuntos Exteriores y exalto representante de la UE, cuestionó este martes que la nacionalidad española obtenida por la Ley de Memoria Democrática («ley de nietos») deba incluir automáticamente el derecho al voto. Sus declaraciones, en La Noche en 24 horas de RTVE, chocan frontalmente con la línea del Gobierno, que sigue defendiendo la aplicación plena de la norma tras la suspensión cautelar del Tribunal Supremo.
Borrell argumentó que países como Alemania o Italia distinguen entre nacionalidad y voto: en ambos casos, los ciudadanos que residen en el extranjero o no demuestran vínculos reales con el país pueden perder este derecho. «No es un residente ausente, es alguien que nunca ha estado aquí», aclaró sobre los beneficiarios de la ley, muchos de ellos descendientes de exiliados franquistas que nunca vivieron en España. El exministro socialista incluso citó ejemplos donde la nacionalidad no garantiza el sufragio, como en circunscripciones específicas para residentes en el exterior.
Sus palabras contrastan con las del Gobierno. Solo este lunes, el ministro Óscar López tachó de «salvajada» y «atropello democrático» la suspensión del Supremo, que paralizó las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para quienes obtuvieron la nacionalidad por esta vía, salvo que acrediten el exilio. Borrell, en cambio, abogó por un debate «sin enfrentamientos» que evalúe si el voto debe ser automático para quienes nunca han residido en España, incluso si son descendientes de víctimas del franquismo.
El exdirigente socialista expuso dos posturas enfrentadas: quienes exigen que «nunca ha pisado España» no debe votar, frente a quienes defienden que, al ser descendientes de exiliados, «deben tener derecho al voto». Borrell subrayó que este «salto lógico» —asociar nacionalidad con sufragio— no es una regla universal en Europa, donde algunos países condicionan el voto a la residencia o a vínculos demostrables. Sus declaraciones, sin embargo, no han sido secundadas por el PSOE ni por el Gobierno, que sigue alineado con la aplicación de la ley.
La polémica llega en un momento clave: el Supremo paralizó las inscripciones en el CERA para estos beneficiarios hasta que se resuelva el recurso del Gobierno. Mientras, Borrell propone abrir un diálogo que, de momento, el Ejecutivo no parece dispuesto a considerar.
