El juicio arrancará el 29 de septiembre en la Audiencia Provincial con peticiones de multa que suman 3,7 millones
Tres acusados afrontan peticiones de condena que suman nueve años de prisión en Córdoba por eludir el pago de cuotas laborales. La Sección correspondiente de la Audiencia Provincial de Córdoba celebrará la vista oral el próximo 29 de septiembre. El Ministerio Público atribuye a los procesados un presunto delito continuado de defraudación a la Seguridad Social mediante sociedades interpuestas.
La reclamación económica asciende a 1.234.576,12 euros de sanción individual para cada implicado, lo que eleva el total a 3,7 millones. Esta cuantía equivale exactamente al doble de la cantidad presuntamente evadida durante el periodo investigado. Para el supuesto de impago, la acusación pública solicita un día de privación de libertad por cada 100 euros pendientes, con un tope de un año.
El escrito provisional detalla una operativa basada en cuatro empresas mercantiles constituidas de forma sucesiva o simultánea. Los tres acusados utilizaron supuestamente un único local físico para mantener activa su actividad comercial. Conforme una entidad acumulaba deudas por cotizaciones no abonadas, el grupo creaba otra firma para sortear los embargos de la Tesorería General.
Uno de los investigados asumió el diseño estratégico del entramado societario desde un plano de gestión real. Un segundo implicado figuraba en los registros como fundador formal y administrador único de las distintas mercantiles. El tercer procesado participó en la operativa mediante contratos de alquiler «simulados», una fórmula dirigida a «frustrar y entorpecer» los cobros públicos.
El Código Penal castiga con penas de prisión e inhabilitaciones especiales los fraudes contra la hacienda pública y la Seguridad Social cuando superan determinados umbrales cuantitativos. La Tesorería General de la Seguridad Social actúa como organismo estatal encargado de recaudar los recursos del sistema y perseguir los alzamientos patrimoniales empresariales. El tribunal provincial cordobés deberá determinar ahora la responsabilidad penal y civil derivada de esta trama empresarial.
