La institución provincial descarta devolver las cantidades percibidas por ambos, pese a la sentencia condenatoria, y alega que el proceso judicial aún no es firme
La Diputación de Badajoz ha decidido no reclamar el reintegro de los 427.000 euros percibidos por David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— y su colaborador Luis Carrero durante su etapa en la institución. Lo anunció hoy en un comunicado, donde justifica la decisión al considerar que no concurren los requisitos legales para exigir la devolución.
La resolución llega tras recibir una diligencia de ordenación del Tribunal de Cuentas el pasado 9 de septiembre, derivada de denuncias que pedían el reintegro de esas cantidades. Según la Diputación, los informes internos analizados no encuentran fundamento legal para proceder, al amparo del artículo 59 de la Ley 7/1988 del Tribunal de Cuentas. Además, recuerda que la sentencia condenatoria —que afecta a ambos— aún no ha sido notificada formalmente y admite recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
La institución pacense ya había recibido tres solicitudes (de un particular, un partido político y una asociación) pidiendo el reintegro antes de la intervención del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, argumenta que, en el estado actual del proceso, no procede actuar hasta que la sentencia sea firme. El comunicado deja abierta la puerta a futuros trámites si se aplicara legislación sectorial específica o electoral.
El caso se enmarca en la sentencia 152/2026, que condenó a Sánchez y Carrero —junto a otras personas— por presuntas responsabilidades derivadas de su gestión en la Diputación. La decisión de Badajoz contrasta con la presión social y política para recuperar fondos públicos en casos de corrupción o irregularidades. Mientras, el Tribunal de Cuentas sigue abierto a alegaciones antes de tomar una decisión definitiva.
En el mismo comunicado, la Diputación informó que ya había enviado un registro al Tribunal de Cuentas, solicitando la apertura de la diligencia de ordenación. El Tribunal, por su parte, ha otorgado un plazo para la presentación de alegaciones, lo que permite a la diputación y a los implicados aportar documentación y argumentos antes de que se tome una decisión final sobre la posible devolución de los haberes.
