El colectivo insta a la presidenta Raquel del Puerto a activar un procedimiento administrativo para recuperar los fondos
Manos Limpias ha desmarcado su estrategia de otras acusaciones populares en el «caso David Sánchez» y exige a la presidenta de la Diputación de Badajoz, la socialista Raquel del Puerto, que active un procedimiento administrativo para reclamar la devolución de 340.572 euros cobrados por el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, entre 2017 y 2025, así como las cantidades percibidas por el exasesor de Moncloa Luis Carrero.
Mientras el PP, Vox, Iustitia Europa y Hazte Oír han recurrido al Tribunal de Cuentas —siguiendo el criterio de la Audiencia de Badajoz en su sentencia—, Manos Limpias argumenta que la Diputación, como perjudicada, debe actuar. El colectivo recuerda en un escrito a Del Puerto que, según el Derecho Administrativo Local, las autoridades están obligadas a velar por los caudales públicos, y le insta a impulsar la reclamación de las cantidades cobradas por ambos.
La sentencia que condenó a David Sánchez y a Carrero determinó que la plaza de Sánchez era innecesaria y vacía de contenido. Los magistrados señalaron que el músico no cumplía sus funciones, centrado en sus proyectos operísticos, y que su cambio de puesto en 2022 enmascaró una nueva plaza con características distintas. En el caso de Carrero, el tribunal achacó su contratación a la creación de un puesto vacío de funciones para auxiliar a Sánchez en sus aspiraciones profesionales.
David Sánchez ejerció como coordinador de conservatorios de la Diputación entre julio de 2017 y octubre de 2022, y luego como jefe de la Oficina de Artes Escénicas hasta su renuncia en mayo de 2025. Carrero, por su parte, fue jefe de Sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas desde diciembre de 2023 hasta julio de 2025, cuando abandonó la institución.
Manos Limpias, que como acusación popular solicitó la devolución de los salarios durante el juicio, subraya que la Sala no se pronunció sobre esta cuestión al carecer el colectivo de la condición de perjudicado, recayendo esta en la Diputación.
Fuente: La Razón
