El Supremo ordena medidas cautelares mientras se resuelve si la Ley de Memoria Democrática les otorgó ciudadanía con derecho a voto
La Junta Electoral Central (JEC) ha aplicado este lunes las medidas cautelares del Supremo que paralizan provisionalmente el derecho al voto de medio millón de españoles descendientes de exiliados republicanos, aunque el organismo insiste en que no comparte la decisión. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ordenó suspender su ejercicio electoral mientras se resuelve si la nacionalidad otorgada por la Ley de Memoria Democrática incluye automáticamente el sufragio.
La JEC, máxima instancia electoral española, se limitó a cumplir la orden judicial sin pronunciarse sobre su fondo. En julio pasado, el órgano ya había rechazado suspender el voto para estos ciudadanos, argumentando que no era competente para valorar la concesión de la nacionalidad. La ley de 2022 reconoce la ciudadanía a quienes demostraron vínculos con la República, pero Vox y otros partidos cuestionan si ese proceso incluye el derecho a votar.
El conflicto se centra en si la nacionalidad adquirida por estos descendientes —hijos y nietos de exiliados— implica automáticamente el derecho al voto, según el artículo 14 de la Constitución. La JEC mantiene que la decisión final corresponde al Tribunal Constitucional, pero el Supremo ha actuado para evitar un posible fraude en las próximas elecciones.
La medida afecta directamente a unos 500.000 ciudadanos, según estimaciones de partidos como Vox, que impulsaron la demanda. Mientras, el Gobierno y partidos como PSOE y Sumar defienden que la ley ya garantiza su derecho al sufragio, aunque sin pronunciarse explícitamente sobre la suspensión cautelar.
En la reunión de la JEC celebrada el lunes, los miembros se reunieron para reiterar su postura sobre la resolución del 16 de julio, en la que declararon que el órgano no era competente para pronunciarse en temas de concesión de la nacionalidad y denegaron la suspensión del voto para descendientes de represaliados nacionalizados gracias a la Ley de Memoria Democrática. Vox recordó que ese derecho a la participación electoral es inherente a la posesión de la ciudadanía española, según la Constitución.
