García Cerdá exige completar diligencias en Tarragona antes de decidir competencia judicial
La fiscal Anticorrupción Carmen García Cerdá ha rechazado por ahora el traslado del caso Montoro desde Tarragona a Madrid, argumentando que solo sería posible «cuando se practiquen las diligencias pendientes». Según un informe al que ha tenido acceso *El Periódico*, la fiscal insiste en que el juzgado catalán —donde instruye el juez Rubén Rus— debe seguir al frente de la causa hasta que se alcance un «criterio concluyente» sobre la competencia territorial.
El juez Rus ya descartó en abril 2026 que el caso abandonara Tarragona, al considerar que los primeros indicios delictivos —correos electrónicos hallados en la empresa Mester Ibérica de Gases— surgieron en esa provincia. Sin embargo, las defensas y algunas acusaciones populares siguen reclamando su traslado a Madrid, donde operaba el bufete Equipo Económico (creado por el exministro Cristóbal Montoro en 2006). García Cerdá desmonta esta estrategia: «Las defensas coinciden en pedir Madrid, pero sin argumentos sólidos», señala en el informe.
La fiscal vincula la competencia judicial al lugar donde se descubrieron las pruebas clave: Tarragona, donde estaban los servidores de correo electrónico, el despacho de los directivos de Mester y las reuniones por teleconferencia. También destaca que el perjuicio económico afectó directamente a la Generalitat catalana y al Ayuntamiento de Tarragona, dos instituciones con sede en la provincia. La Audiencia Provincial de Madrid, que debía resolver el conflicto el 16 de septiembre, pospuso la votación al 21 de septiembre por baja médica de la magistrada ponente.
El caso investiga presuntos tratos de favor a cambio de influir en responsables de Hacienda, con Miguel Ferré Navarrete y Vicente Martínez Rico (altos cargos del organismo) como figuras clave. La fiscalía ya se opuso en 2025 a intentos previos de trasladar la causa a Madrid, alegando que las pruebas materiales respaldan la competencia de Tarragona.
Además, el Ministerio Público todavía debe presentar las impugnaciones que reclaman el traslado del caso a Madrid. Hasta que se reciba y se evalúen esas impugnaciones, la fiscal mantiene que la instrucción debe continuar en Tarragona, ya que los recursos en poder de la Audiencia Provincial de Tarragona son los que determinarán la continuidad de la causa en la plaza número 2 de la ciudad.
