El líder del PP promete una ley con voluntad de permanencia si llega a La Moncloa, pero en abril su grupo rechazó una enmienda de Vox que pedía lo mismo
Alberto Núñez Feijóo propone suprimir la nacionalidad española a los inmigrantes que hayan cometido delitos graves. El presidente del PP confirmó la medida durante una comparecencia en Madrid junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. La propuesta no figuraba en el documento migratorio que los populares presentaron en 2025.
El líder popular se comprometió a desarrollarla con «voluntad de permanencia» en una futura ley, siempre que llegue a La Moncloa tras las próximas elecciones. La iniciativa se enmarca en el giro que el PP inició el año pasado en materia de inmigración. Entonces defendió por escrito deportaciones, la supresión del Ingreso Mínimo Vital para ese colectivo y requisitos más duros para obtener la nacionalidad.
El contexto de este septiembre está marcado por la polémica de la ley de nietos. El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el derecho a voto de los exiliados de la Guerra Civil y el franquismo. Feijóo aprovecha ese debate para dar otra vuelta de tuerca a su discurso migratorio.
El giro migratorio que el PP rechazó en abril
La medida que Feijóo defiende ahora ya se había planteado antes en el Congreso. En abril de este año, el Grupo Popular rechazó en la comisión de Interior una enmienda de Vox a una iniciativa de los populares. El punto 10 de esa enmienda pedía «deportar a todos los inmigrantes que cometan delitos o pretendan imponer el islamismo, así como revocar la nacionalidad y expulsar a todos aquellos que, habiendo la nacionalidad española, cometan delitos graves o traten de imponer el islamismo». Los populares votaron en contra de esa enmienda en la comisión.
El proyecto del PP pasa por restringir al máximo las nuevas nacionalizaciones. También por instaurar un sistema de puntos en los visados para inmigrantes, otra de las medidas estrella del documento migratorio de 2025. Ese sistema se inspira en el aplicado desde hace años por países como Australia o Canadá.
La máxima que inspira la propuesta consta tanto en el documento del año pasado como en las palabras de Feijóo este martes: «la nacionalidad es un honor, no un trámite burocrático». El líder popular añadió que sería pertinente que España se dotase de un sistema para «tipificar los casos de pérdida de nacionalidad, para que la confianza sea mutua y todo el mundo sepa a qué atenerse».
Qué exige ya la ley para obtener el pasaporte español
La nacionalidad española se regula en el Código Civil. Para los nacidos fuera de España, la vía general exige diez años de residencia legal, salvo excepciones como los dos años para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal. La ley también pide buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española. Esa integración se acredita con un examen del Instituto Cervantes y otro de conocimientos constitucionales y socioculturales.
El PP quiere elevar ese listón. En su documento de 2025 ya reclamaba el nivel B2 de castellano y un examen más exigente para demostrar «conocimiento institucional, legal, cultural e histórico, para garantizar el compromiso con nuestra democracia y valores comunes». La retirada de la nacionalidad a quienes cometan delitos graves es un paso más allá de esos requisitos de entrada.
La pérdida de nacionalidad no es una figura nueva en el ordenamiento español. El Código Civil contempla que los españoles que no lo sean de origen pierdan la nacionalidad si adquieren otra voluntariamente, si renuncian a ella o si utilizan la nacionalidad española de forma fraudulenta. También pueden perderla quienes entren al servicio de un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno. La propuesta de Feijóo añadiría la comisión de delitos graves como causa de pérdida, algo que hoy no figura en la norma.
El precedente de la coalición con Vox en cuatro autonomías
El redactado final de esa eventual ley queda por definir. Dependerá de si Feijóo logra desbancar a Pedro Sánchez de la Presidencia y de si Vox entra en el Gabinete. Los populares ya gobiernan en coalición con Vox en cuatro comunidades autónomas: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Ese precedente de coalición condiciona el margen del PP para endurecer su discurso migratorio sin quedar por detrás de sus socios.
La propuesta llega después de que el Grupo Popular rechazara en abril la enmienda de Vox que pedía exactamente lo mismo. Ese voto en contra en la comisión de Interior marca la diferencia entre el discurso que el PP defendía hace cinco meses y el que defiende ahora. El giro también coincide con la polémica de la ley de nietos y con la resolución del Tribunal Supremo sobre el derecho a voto de los exiliados.
El sistema de puntos para visados que el PP propone copia el modelo de Australia o Canadá. En esos países, los solicitantes suman puntos por edad, formación, idioma o experiencia laboral, y solo quienes superan el umbral reciben el visado. El PP no ha detallado aún cómo trasladaría ese sistema a España ni qué puntuación mínima exigiría.
