La Oficina del Censo Electoral deberá detallar los criterios de asignación de municipio tras 33.577 altas en Madrid de las 58.753 tramitadas en consulados mexicanos desde la ley de nietos.
El Tribunal Supremo ha reclamado a la Oficina del Censo Electoral que explique por qué la circunscripción de Madrid concentra la mayoría de las nuevas altas del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) tramitadas en México. De las 58.753 inscripciones gestionadas en consulados mexicanos entre octubre de 2022, cuando se aprobó la ley de nietos, y agosto de 2026, últimas cifras disponibles, 33.577 se asignaron a Madrid. Son el 57% del total, seis de cada diez.
La distancia con el resto de provincias es amplia. Asturias ha sumado 6.061 altas procedentes de México y Cantabria 4.239, pese a que ambas tienen un vínculo histórico de emigración con el país. Madrid ya acumula 69.255 censados residentes en México, una cifra equiparable al censo de ciudades como Las Rozas o San Sebastián de los Reyes.
El Supremo ha paralizado parcialmente los efectos electorales de los acogidos a la nacionalización por la ley de nietos que no demuestren la condición de exiliados de sus ascendientes. La decisión llega después de que la Junta Electoral Central (JEC) encargara en julio un informe a la Oficina del Censo Electoral sobre los criterios que determinan en qué municipio se inscribe a cada nuevo elector.
La Comunidad de Madrid ha pedido oficialmente a la JEC que traslade a las oficinas consulares una restricción: solo podrán inscribirse en el CERA quienes acrediten que su ascendiente residió en un municipio de la región. En la hoja de inscripción, el interesado debe indicar su arraigo en el municipio o el de sus antepasados.
El patrón se repite en Estados Unidos
En los consulados de Estados Unidos ha ocurrido algo similar, aunque con menor intensidad. Tres de cada diez nuevos inscritos se han asignado a Madrid: 16.533 de los 52.722 desde la ley de nietos. Le siguen Barcelona, con 5.140, y Santa Cruz de Tenerife, con 4.396. La mayoría de las altas en Estados Unidos se han tramitado en el consulado de Miami, epicentro de la emigración iberoamericana y del exilio cubano.
Argentina es el país que más registros ha aportado al CERA, con 84.976 de las 462.262 altas totales desde la ley de nietos. De nuevo, la mayoría se han asignado a Madrid (9.303), seguida de Barcelona (5.168) y Granada (4.950). Las cuatro provincias gallegas, ninguna entre las cinco primeras, han sumado 13.479 inscripciones. En 32 provincias españolas, Argentina es el país que más altas ha sumado al censo exterior desde la entrada en vigor de la norma.
El peso de Argentina en el voto exterior ha superado al de Francia. Argentina es ya el país que más inscripciones aporta en 22 provincias, frente a las 21 de Francia. A mucha distancia quedan Alemania (4), México (2), Venezuela (1), Cuba (1) y Andorra (1).
Medio millón de altas y dos millones y medio de interesados
El crecimiento del censo exterior desde octubre de 2022 no se explica solo por la ley de nietos. La Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE), no distingue el motivo de cada alta. Pero el cambio de tendencia es claro: un aumento del 20% del voto exterior hasta agosto de 2026, casi medio millón de inscripciones nuevas, hasta alcanzar los 494.799 censados. El Gobierno ha adelantado en distintas ocasiones que hay dos millones y medio de interesados en acogerse a esta vía de nacionalización.
La ley de nietos, aprobada dentro de la ley de Memoria Democrática, permite solicitar la nacionalidad española a descendientes de emigrantes que no pudieron transmitirla por las reglas anteriores. El sistema de inscripción en el CERA asigna a cada nuevo elector un municipio de referencia. Ese municipio determina en qué circunscripción vota después, lo que convierte la asignación en un asunto con efecto directo sobre el reparto de escaños en las elecciones generales.
La JEC es el organismo que arbitra las controversias electorales y supervisa el censo en periodos electorales. Su informe a la Oficina del Censo Electoral busca fijar un criterio uniforme para asignar municipio a los nuevos inscritos. El Supremo, al reclamar ese informe, ha introducido un control judicial sobre una práctica que hasta ahora dependía de la declaración del propio solicitante en la hoja de inscripción.
La Comunidad de Madrid sostiene que el uso de Madrid como asignación por defecto altera el censo electoral. Su petición a la JEC busca que las oficinas consulares exijan prueba documental del vínculo con un municipio madrileño antes de aceptar la inscripción. La medida afectaría a los nuevos solicitantes, no a los ya inscritos.
El caso afecta a un censo exterior que ya roza el medio millón de electores y que crece a un ritmo del 20% desde 2022. La combinación de la ley de nietos con un sistema de asignación basado en la declaración del interesado ha generado un volumen de altas que ninguna provincia con vínculo migratorio real ha absorbido en la misma proporción. El Supremo y la JEC tienen ahora la pelota: el criterio que fijen determinará si las próximas elecciones generales se disputan con el censo exterior actual o con uno corregido.
