La jueza sentenciadora apoya la medida de gracia total y la Fiscalía respalda una vía parcial tras trece años de proceso por la tragedia de Angrois
Trece años después del descarrilamiento ferroviario de Angrois, el maquinista Francisco José Garzón Amo afronta la posibilidad de eludir la entrada en prisión tras los informes favorables de la jueza instructora del fallo y del ministerio público. La magistrada responsable de dictar la condena ha respaldado la concesión de un indulto total fundamentado en criterios de «justicia y equidad», mientras que la Fiscalía ha emitido un informe en el que avala una medida de gracia parcial para el único sentenciado por el siniestro.
El expediente administrativo ha quedado derivado al Consejo de Ministros, órgano que ostenta la potestad exclusiva para resolver de manera definitiva las solicitudes de indulto en España mediante real decreto. La resolución del Ejecutivo determinará si el procedimiento judicial concluye sin que ninguna persona cumpla pena efectiva de reclusión por el suceso.
El descarrilamiento en la curva de A Grande ira
El siniestro se produjo la tarde del 24 de julio de 2013, cuando un convoy de la serie Alvia que cubría el trayecto ferroviario descarriló al aproximarse a la estación de Santiago de Compostela. El convoy circulaba a más del doble del límite de velocidad establecido en ese tramo en el momento de tomar la curva. El impacto provocó la muerte de 80 personas y dejó a otras 143 heridas de diversa gravedad entre el pasaje y la tripulación.
A lo largo de más de una década de actuaciones en los juzgados gallegos, la causa analizó la responsabilidad de la conducción y las condiciones de seguridad en la infraestructura ferroviaria dependiente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y operada por Renfe. Las sucesivas fases de instrucción y la posterior vista oral culminaron señalando a Francisco José Garzón Amo como el único responsable penal del accidente.
El trámite de gracia ante el Consejo de Ministros
La Ley del Indulto exige que el tribunal sentenciador y el ministerio fiscal remitan sendos dictámenes preceptivos sobre la conducta del reo y la conveniencia de la medida, si bien ninguno de estos informes resulta vinculante para la decisión final que adopte el gabinete gubernamental. Al existir una petición que cuenta con el apoyo expreso de la propia juzgadora que fijó la pena, el Ministerio de Justicia debe tramitar la propuesta que elevará a deliberación ministerial.
El desenlace de este expediente sitúa la decisión en el terreno estrictamente político e institucional, donde el Ejecutivo debe ponderar los informes judiciales frente al impacto social del suceso con mayor número de víctimas en la red ferroviaria española de las últimas cuatro décadas.
