Abascal y Fuster defienden endurecer primero los requisitos para la nacionalidad, citando como ejemplo a Borrell: «Hay países que dan el pasaporte sin el derecho al voto»
Santiago Abascal y José Antonio Fuster abrieron este lunes una ofensiva contra la ley de nietos, exigiendo separar la nacionalidad española del derecho al voto para quienes la obtengan por vías como la exiliados franquistas. El presidente de Vox propuso que solo puedan votar en España quienes residan en el país, citando como modelo a países que ya aplican esta distinción.
La propuesta llega en un contexto de tensión legal: el Tribunal Supremo suspendió en septiembre la inscripción en el censo electoral de nacionalizados por la ley de nietos que no acrediten su condición de exiliados. Vox ve en esto una oportunidad para impulsar una reforma que limite el voto a quienes «tengan interés real en España», según Fuster. «No se trata de quitar derechos, sino de que quienes reciben la nacionalidad por residencia o vínculos demuestren ese compromiso», aclaró.
El partido exige primero endurecer los requisitos para obtener la nacionalidad. «En los últimos 20 años se ha estado regalando el pasaporte», criticó Abascal, quien acusó al Gobierno de «destruir la prosperidad» al conceder derechos como sanidad o ayudas sociales sin condicionarlos a la residencia. La medida afectaría directamente a unos 100.000 descendientes de exiliados, según datos del Ministerio de Justicia de 2025.
La iniciativa choca con el marco legal actual: la Constitución española vincula la nacionalidad al derecho al voto sin excepciones por origen. Sin embargo, Vox apela a precedentes internacionales, como el caso de Josep Borrell, exministro socialista, quien en 2024 reconoció que «hay países que dan la nacionalidad sin el voto». La propuesta, aunque aún sin desarrollo legislativo, refleja el intento de Vox por capitalizar el debate sobre identidad nacional en un año electoral.
En la entrevista, Abascal añadió que la suspensión del Tribunal Supremo se aplica a los 100.000 descendientes que no pueden demostrar su vínculo con el exilio, y que la reforma propuesta requeriría que los nuevos nacionalizados presenten un certificado de residencia de al menos cinco años antes de poder votar. Esta medida, según el líder de Vox, garantizaría que solo los ciudadanos con un compromiso real y sostenido con España participen en las elecciones.
