El Ayuntamiento aprueba un anteproyecto que incluye sanciones récord para fiestas ilegales, turistas conflictivos y servicios sexuales en la calle
El Ayuntamiento de Valencia ha presentado el anteproyecto de la nueva Ordenanza de Convivencia y Civismo, que establece sanciones de hasta 3.000 euros por infracciones graves como botellones, fiestas ilegales, excesos de turistas o la presencia de gorrillas en aparcamientos públicos. La normativa, una de las más restrictivas de España, también penalizará las despedidas de soltero, la demanda de servicios sexuales en la vía pública y otras conductas consideradas disruptivas.
La ordenanza, impulsada por el equipo de gobierno de María José Catalá, busca regular actividades que generan conflictos vecinales en zonas céntricas como Ruzafa o El Carmen. Las sanciones más elevadas se aplicarán a fiestas no autorizadas que superen los límites de ruido o duración, así como a la venta ambulante no regulada. Según el texto, las multas podrán escalar hasta los 3.000 euros para infracciones reiteradas o de especial gravedad, como la ocupación ilegal de espacios públicos.
Esta normativa se enmarca en un contexto de tensión creciente en ciudades turísticas españolas, donde ordenanzas similares en Barcelona o Palma de Mallorca han generado polémica por su impacto en el modelo económico basado en el ocio. Valencia, con más de 10 millones de turistas anuales, busca equilibrar la atracción de visitantes con la calidad de vida de los residentes. El anteproyecto aún debe ser aprobado en pleno municipal, pero su redacción definitiva ya refleja un endurecimiento frente a prácticas que, según el consistorio, alteran la convivencia.
La medida llega en un momento de debate nacional sobre el turismo de masas, con iniciativas como la Ley de Turismo Sostenible en tramitación en el Congreso. Mientras, otras ciudades como Madrid o Málaga han optado por regulaciones menos punitivas, centradas en la educación y prevención en lugar de sanciones económicas. La ordenanza valenciana, en cambio, apuesta por un enfoque disuasorio, alineándose con posturas más duras como las de Vox, que en Valencia ha criticado la falta de medidas similares en otros municipios.
