La ley de amnistía, impulsada por el ultranacionalista Bahçeli, suspende miles de investigaciones pero excluye homicidios y cadenas perpetuas
El Parlamento de Turquía aprobó el mes pasado una ley que abre la puerta a la excarcelación de unos 4.000 militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y a la suspensión de miles de investigaciones judiciales contra ellos. La norma, sin embargo, deja fuera al líder histórico del grupo, Abdullah Öcalan, y no toca las causas estructurales del conflicto kurdo. El PKK es considerado organización terrorista por Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos.
El texto excluye los delitos de homicidio intencionado cometidos en el marco de las actividades del PKK y las condenas a cadena perpetua. Öcalan cumple condena en una isla al sur de Estambul desde 1999, buena parte de ese tiempo en régimen de aislamiento. La ley tampoco menciona la palabra «kurdo» en ningún punto, un detalle que el propio PKK ha señalado como prueba de que el problema no se aborda de forma integral.
El origen de la iniciativa está en un proceso que arrancó en octubre de 2024, cuando el líder ultranacionalista Devlet Bahçeli, aliado del presidente Recep Tayyip Erdogan, puso en marcha la maquinaria parlamentaria. El PKK respondió anunciando su disolución y celebrando una ceremonia simbólica de quema de armas en las montañas del norte de Irak, donde se refugia su cúpula. Pese a ese gesto, el grupo criticó la ley en un comunicado por no abordar la democratización del país.
Dos lecturas del mismo texto legal
El investigador Sirwan Kajjo, especialista en política kurda del think tank Middle East Forum, sostiene que Ankara enmarca el proceso como un esfuerzo antiterrorista de seguridad nacional. La parte kurda, en cambio, lo interpreta como el posible arranque de un proceso de paz real. Kajjo advierte de que esas dos visiones son muy divergentes y podrían no desembocar en una solución permanente.
Más optimista se muestra Roj Girasun, director del Instituto de Estudios Kurdos Rawest. Para Girasun, que el asunto llegara al Parlamento y se aprobara demuestra que el Estado reconoce el levantamiento kurdo y admite que puede resolverse por vía de negociación. Su tesis es que el proceso no busca resolver la cuestión kurda sino desmantelarla, y que ese desmantelamiento traslada el enfoque del conflicto a la democratización.
El conflicto acumula más de 40.000 muertos y casi medio siglo de duración. En ese tiempo, el Estado turco no ha logrado que el grupo armado avance, pero tampoco ha conseguido eliminarlo. La ley aprobada el mes pasado se presenta como el primer intento serio de romper ese empate por la vía legislativa.
El tablero regional que empujó el acuerdo
El desarme del PKK coincide con un Oriente Próximo en plena recomposición. Según Kajjo, desde el 7 de octubre, tras el ataque de Hamás en Israel, Erdogan decidió abordar la cuestión kurda por su cuenta. Su temor era que Israel pudiera utilizarla para debilitar la influencia turca en la región o para alterar los equilibrios de poder alentando a grupos kurdos en Irán o Siria.
En Siria, las milicias kurdas anunciaron hace poco la disolución de su alianza como fuerza militar independiente para integrarse en el aparato de seguridad estatal. Kajjo interpreta que la cúpula del PKK, y el propio Öcalan, han concluido que la región está cambiando y que deben formar parte de ese cambio. El líder kurdo, según el analista, ha pasado del autogobierno a la autonomía y la confederación democrática, y ahora ve una oportunidad de unir a kurdos y turcos en Turquía.
El cálculo electoral de Erdogan
Detrás del proceso hay también una cuenta electoral. Erdogan está a punto de superar el límite de dos mandatos presidenciales y necesita el respaldo del partido prokurdo DEM para asegurarse otro mandato, con una posible reforma constitucional de por medio. La ley de amnistía, al abrir la reintegración social y política de los militantes del PKK, funciona como moneda de cambio para ese apoyo parlamentario.
El equilibrio es deliberado. Concesiones excesivas a los kurdos pueden enfurecer a la base nacionalista, mientras que un proceso demasiado restrictivo puede alienar al voto kurdo. El texto, calibrado para no irritar a los nacionalistas, refleja esa tensión interna.
El debate ha dividido el voto en un momento delicado para la oposición. El socialdemócrata CHP, principal formación contraria a Erdogan, atraviesa una tormenta judicial con decenas de alcaldes detenidos, entre ellos el popular alcalde de Estambul, y su cúpula ha sido intervenida. Kajjo subraya que casi nunca en la historia moderna de Turquía un líder ultranacionalista de alto nivel, otro como Erdogan y un líder kurdo han coincidido en algo. Añade que el Estado conserva la sartén por el mango y puede retractarse si no lo ve claro, por lo que no se muestra optimista sobre una solución permanente del problema kurdo.
