El PSOE impone su límite temporal en el decreto de vivienda, pese a las exigencias del Sindicato de Inquilinas y la presión de la izquierda parlamentaria
Sumar ha cedido en su exigencia de alquileres indefinidos y acepta prorrogar los contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, según el texto definitivo del real decreto ley de vivienda aprobado ayer en el Consejo de Ministros. La medida, que el PSOE resistió inicialmente, regresa al modelo tumbado en abril por PP, Vox y Junts, cuando la prórroga automática decayó tras menos de un mes.
La decisión deja al sindicato de inquilinos —que lidera la acampada en la Puerta del Sol— sin su principal reclamo: contratos sin fecha de caducidad ni subidas de precio. El Gobierno justifica el límite temporal con la necesidad de equilibrar la medida con el sector inmobiliario, pero la negociación interna en Sumar refleja una tensión entre lo prometido y lo viable. Fuentes del partido reconocen que, de insistir en lo indefinido, el PSOE habría bloqueado el decreto, arriesgando el paquete completo de medidas.
El decreto, conocido como decreto Maricarmen en homenaje a la inquilina hospitalizada que simboliza la lucha, requiere ahora convalidación parlamentaria. Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, Compromís y BNG —el bloque que sustenta a Pedro Sánchez en el Congreso— se fotografiaron ayer en apoyo a las medidas, pero su unidad es frágil: todos deberán votar a favor en las próximas semanas, cuando el texto llegue al Pleno. La presión crece en un contexto de elecciones autonómicas y municipales a la vista, donde la vivienda es un tema clave para movilizar al electorado.
El Sindicato de Inquilinas ya advirtió que la prórroga de dos años «no resuelve el problema de fondo». Su propuesta original —que un inquilino que pague su alquiler no pueda ser desalojado sin causa justificada— sigue sin aplicarse. El Gobierno argumenta que la medida, aunque limitada, evita desahucios masivos hasta 2029, pero la izquierda parlamentaria ya estudia cómo presionar para ampliarla en futuras negociaciones.
El decreto revive un debate que estalló en abril, cuando el motín de Sumar en el Consejo de Ministros retrasó su aprobación. Ahora, con las urnas cerca, la vivienda se convierte en un campo de batalla entre la urgencia social y las divisiones internas. El PSOE, en el centro, juega con el tiempo: si la medida no convence, el riesgo es perder a su izquierda; si cede demasiado, el PP y Vox tendrán munición para atacarlo en las campañas.
