A partir del 1‑septiembre la Orden ISM 546/2026 obliga a revisar el buzón electrónico; la notificación será válida diez días y existen excepciones para casos sin acceso digital
Desde el 1 de septiembre de 2026 la Seguridad Social envía exclusivamente por vía electrónica las notificaciones a las personas que perciban una incapacidad temporal, según la Orden ISM 546/2026 publicada en el BOE.
La medida sustituye al envío tradicional de cartas y amplía la obligación, que antes solo afectaba a preceptores por nacimiento, riesgos durante el embarazo o la lactancia, a todos los beneficiarios de prestaciones por baja laboral y, también, a quienes tengan incapacidad permanente o lesiones permanentes no incapacitantes.
Los trabajadores deberán acceder periódicamente a la sede electrónica de la Seguridad Social para conocer reconocimientos, prórrogas, denegaciones, documentación requerida o citaciones a reconocimiento médico; la falta de consulta no exime de cumplir los plazos.
La normativa establece que la notificación tendrá una validez de diez días naturales desde su envío, independientemente de que el interesado la haya leído; para facilitar su seguimiento se recomienda activar alertas por correo electrónico o SMS.
Existen excepciones: no se enviarán electrónicamente resoluciones que requieran documentos no digitalizables, como cheques; tampoco cuando el interesado solicite la notificación en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social, cuando la administración necesite una entrega presencial, cuando la celeridad lo impida o cuando exista brecha digital y no se disponga de datos de contacto electrónicos. En esos casos, un funcionario puede asistir presencialmente en los CAISS para validar el acceso a la sede electrónica.
Según datos de la Seguridad Social, las bajas laborales han generado un coste de 10.000 millones de euros en el periodo comprendido entre enero y junio de 2026, lo que representa una carga significativa para el sistema. De ese importe, solo 456 millones se destinan a pensiones y subsidios no contributivos, lo que subraya la importancia de gestionar adecuadamente las notificaciones y los plazos para evitar sanciones y retrasos en el pago de prestaciones.
