El Tribunal Supremo suspende cautelarmente el derecho al voto de descendientes de exiliados mientras el Gobierno acusa a la oposición de ‘discriminación’
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de «vergüenza» la suspensión cautelar de la ‘ley de nietos’ por el Tribunal Supremo y ha acusado al Partido Popular y Vox de intentar «quitar el voto a 400.000 españoles». Lo ha hecho este miércoles en el Congreso, donde el alto tribunal paralizó el derecho al voto de quienes ya habían obtenido la nacionalidad por esta norma y bloqueó nuevas solicitudes, salvo que acrediten ser descendientes directos de exiliados.
La decisión judicial, adoptada la semana pasada a petición de Vox e Iustitia Europa, afecta a personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad mediante la ‘ley de Memoria Democrática’. Sánchez ha respondido así a las críticas de Feijóo, quien cuestionó durante el debate la prioridad del Gobierno al destinar más recursos a la regularización de nacionalidades que a la crisis migratoria en Ceuta.
Feijóo recordó que el Ejecutivo incrementó en 657 personas la plantilla consular para gestionar la ‘ley de nietos’, mientras que solo destinó 50 efectivos y 20 ordenadores a la emergencia en Ceuta, donde aún quedan 13.000 devoluciones pendientes. Sánchez replicó que «no hay que temer el voto, sino a quien se lo quiere quitar», dirigiéndose directamente al PP y a Vox, a los que acusó de «crear ciudadanos de primera y segunda» por su postura.
La ‘ley de nietos’ reconoce la nacionalidad española a descendientes de exiliados republicanos tras la Guerra Civil. Su suspensión temporal ha reavivado el debate sobre memoria histórica y derechos civiles, mientras el Gobierno insiste en que Ceuta «saldrá reforzada» de la crisis actual.
El Tribunal Supremo ha señalado que la suspensión cautelar permanecerá vigente hasta que se dicte la sentencia definitiva, lo que implica que el derecho al voto de los afectados quedará en pausa mientras se resuelve el caso. Esta medida, que afecta a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, se mantiene en espera de la decisión final del tribunal, que se espera que se emita en los próximos meses.
