El detenido formaba parte de una red itinerante que operaba en nueve provincias españolas y Francia, usando el método del ‘scalping’ para sustraer tarjetas y PIN
La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a un hombre como presunto responsable de 14 delitos de estafa cometidos mediante el método del scalping en cajeros automáticos, con un perjuicio económico cercano a los 60.000 euros. Las víctimas, principalmente personas de edad avanzada, fueron engañadas en provincias como Valencia, Castellón, Alicante, Madrid y Murcia, entre otras.
El detenido fue localizado el pasado 23 de julio tras una investigación que reveló la presencia de una organización criminal itinerante en la capital aragonesa. El grupo, que se desplazaba desde Francia para actuar durante breves periodos, utilizaba un modus operandi basado en la distracción: un cómplice advertía a la víctima de un supuesto billete olvidado en el cajero, momento que aprovechaban para observar el PIN y sustraer la tarjeta. Posteriormente, convencían a la víctima de que el cajero había retenido la tarjeta, indicándole que regresara a la entidad bancaria en horario de oficina, mientras ellos realizaban extracciones fraudulentas.
Las pesquisas policiales han identificado a otros miembros de la red, cuya elevada movilidad internacional y la ausencia de antecedentes en España dificultaron su localización. Tras su detención, el presunto cerebro del grupo fue puesto a disposición judicial y decretado su ingreso provisional en prisión. La investigación sigue abierta para determinar la implicación de más integrantes en los hechos, que se extendieron por al menos nueve provincias españolas.
La Policía Nacional ha alertado sobre este tipo de estafas, recordando la importancia de extremar las precauciones al usar cajeros automáticos. Entre las recomendaciones destacan evitar que personas desconocidas se acerquen durante la operación, no facilitar el acceso a la tarjeta o al PIN, y contactar directamente con la entidad bancaria ante cualquier incidencia, en lugar de seguir indicaciones de terceros.
Este caso pone de relieve la vulnerabilidad de colectivos como las personas mayores ante delitos de engaño, así como la necesidad de reforzar la coordinación policial entre comunidades autónomas y países para combatir redes criminales con movilidad transfronteriza. La investigación, aún en curso, podría ampliar el número de víctimas y el perjuicio económico atribuido a la organización.
