La candidata de la izquierda radical, Elif Eralp, exige socializar 220.000 pisos, pero el canciller alemán advierte de un ‘colapso inversor’ y el SPD amenaza con romper la coalición
Friedrich Merz, canciller alemán, ha vetado este lunes la expropiación de viviendas en Berlín, medida clave del programa de Die Linke, partido que ganó las elecciones en la ciudad-estado con el 25,7% de los votos. Merz anunció que el Gobierno federal prepara una ley para prohibir estas expropiaciones, argumentando que ‘en Alemania no habrá expropiaciones’ y que la medida ‘destruiría la seguridad jurídica’ y ahuyentaría inversores.
La amenaza de Merz llega cuando Elif Eralp, candidata de Die Linke, exige la expropiación de 220.000 viviendas de grandes inmobiliarias como condición para formar gobierno en coalición con los Verdes y el SPD. La medida, respaldada por un referéndum no vinculante en 2021 (58% a favor), chocaría con la oposición frontal del canciller y del SPD, que representa el 20,1% de los votos en Berlín.
El conflicto es frontal: Eralp defiende que la expropiación es ‘jurídicamente posible y financiable’, mientras Merz advierte que ‘el mundo se preguntará qué pasa en Alemania’ y que la medida ‘paralizará la construcción de viviendas’. El coste estimado de la operación —20.000 millones de euros— supera el déficit presupuestario de Berlín en 2026 (5.400 millones) y su deuda acumulada (66.000 millones en 2025).
La medida, además, no resolvería la escasez de vivienda: expropiar no equivale a construir. Berlín necesita 24.000 viviendas adicionales según proyectos paralizados por la oposición de Die Linke a desarrollos urbanísticos como el del antiguo aeropuerto de Tempelhof (21.400 pisos proyectados).
El precedente fallido de 2021 y el riesgo legal
El plan de Die Linke retoma un referéndum de 2021 donde el 58% de los berlineses apoyó la socialización de empresas con más de 3.000 viviendas. Sin embargo, ningún gobierno posterior lo ejecutó por su viabilidad legal y económica. Ahora, el canciller Merz asegura que una ley federal bloqueará cualquier intento: ‘Podemos regularlo con una norma que prohíba las expropiaciones’, declaró en julio.
El conflicto legal sería largo: las inmobiliarias afectadas impugnarían la medida por falta de proporcionalidad y las indemnizaciones. Además, el Tribunal Constitucional alemán podría anularla por vulnerar la propiedad privada, protegida en la Ley Fundamental (artículo 14).
El SPD como muro: sin ellos, Eralp no gobierna
Die Linke necesita a los socialdemócratas para formar gobierno, pero el SPD se niega a ceder. Su candidato, Steffen Krach, declaró: ‘Estoy seguro de que al final no saldrá adelante’. Sin un acuerdo, Eralp podría quedar atrapada: su partido no tiene mayoría absoluta (25,7% de los votos) y los Verdes, aunque abiertos a dialogar, exigen resolver primero las dudas legales y financieras.
Alternativamente, el SPD y los Verdes podrían aliarse con la CDU (22,6% de los votos), segunda fuerza política, para mantener el control del Ayuntamiento Rojo pese a perder las elecciones. En el sistema parlamentario alemán, ser el partido más votado no garantiza el gobierno: la coalición depende de pactos.
El mercado inmobiliario ya reacciona: inversiones paralizadas
Las acciones de Vonovia, mayor inmobiliaria alemana, cayeron un 2,2% este lunes tras las declaraciones de Eralp. Según una encuesta de la asociación de empresas inmobiliarias de Berlín y Brandeburgo, el 37% de las compañías han aplazado inversiones por la inseguridad jurídica, afectando a 3.480 viviendas proyectadas. El 77% de las empresas ya menciona el riesgo de socialización en sus conversaciones con bancos.
El efecto es claro: si los inversores temen que sus propiedades puedan ser expropiadas, dirigirán su capital a otras ciudades. Berlín no solo dejaría de construir las viviendas que necesita, sino que podría agravar la escasez actual, que ya disparó los alquileres a 15,78 euros por metro cuadrado en 2025 (renta media).
La contradicción es evidente: Die Linke rechaza proyectos como el de Tempelhof (21.400 viviendas) pero exige expropiar pisos ya construidos. Su propuesta no aumenta la oferta, solo redistribuye la existente, sin resolver el déficit estructural.
El canciller Merz ha sido claro: ‘No habrá expropiaciones’. Si Eralp insiste, podría bloquear su propia entrada en el gobierno. El SPD y los Verdes tienen una alternativa: la CDU. Pero Berlín, con su crisis de vivienda y su deuda récord, no puede permitirse un enfrentamiento que paralice la inversión.
Más allá de la expropiación: el programa de Die Linke sobre la vivienda
La política de Die Linke sobre la propiedad privada no se agota en la socialización de las grandes carteras. Su programa electoral propone también despenalizar y legalizar la ocupación de inmuebles vacíos, eliminar la denominada ‘línea berlinesa’ —el protocolo que permite a las autoridades actuar con rapidez contra las ocupaciones— y convertir en un derecho permanente de residencia la ocupación de una vivienda que lleve más de un año vacía, salvo que el propietario se comprometa a ofrecerla en alquiler a un precio socialmente aceptable.
Ese paquete refuerza el pulso con Merz, que ya advirtió antes del paréntesis estival de las consecuencias que la amenaza tendría para la imagen y la seguridad jurídica de Alemania. El canciller sostiene que una decisión adoptada en Berlín no se limitaría a la capital, sino que afectaría a la confianza en todo el país como destino de inversión, justo cuando la ciudad-estado, fuertemente endeudada, necesita capital privado para sostener su desarrollo económico.
