El Gobierno marroquí acepta a 2.500 menores no acompañados pero bloquea la repatriación de cuerpos ya identificados por la Guardia Civil
Ceuta enterró este viernes a 18 inmigrantes fallecidos durante el asalto del 30 de julio en el cementerio musulmán Sidi Embarek, en tumbas numeradas sin nombre, mientras siete cuerpos ya identificados por la Guardia Civil permanecen en la morgue del hospital militar de la ciudad por la negativa de Marruecos a recibirlos.
El primer caso documentado es el de Mohamed Said, un joven de 21 años cuya familia, residente en Rincón (Marruecos), solicitó su repatriación. Las autoridades marroquíes detuvieron el vehículo funerario en la frontera del Tarayal el pasado miércoles, obligando a devolver el cadáver a Ceuta. Said, que participó en el asalto con la intención de reunirse con su madre en la Península, murió días después en el hospital universitario por una parada cardiorrespiratoria tras resultar herido en la avalancha.
La postura de Marruecos contrasta con su disposición pública, anunciada el 6 de agosto, de acoger a los cerca de 2.500 menores no acompañados que aún permanecen en Ceuta. El Gobierno español, por su parte, elevó esa cifra el mismo viernes y reiteró que la expulsión de estos menores sería ilegal, según fuentes del Ministerio del Interior citadas por El Español. La Guardia Civil ha identificado a los siete fallecidos mediante huellas dactilares y ADN,, pero Rabat no ha justificado su negativa a recibir los cadáveres.
Los 18 enterrados este viernes corresponden a víctimas no identificadas, cuyos cuerpos fueron recuperados tras ahogarse o ser aplastados durante el salto a la valla. Sus tumbas, numeradas del 5408 al 5425, conservan muestras biológicas por si en el futuro se logra su identificación. La gestión de los cadáveres recae en la ciudad autónoma, que carece de competencias en política exterior pero debe garantizar los derechos funerarios básicos.
El conflicto refleja la tensión diplomática entre España y Marruecos por la crisis migratoria en Ceuta, donde el pasado 30 de julio más de 2.000 personas —incluyendo menores— cruzaron la frontera a nado o saltando la valla. Mientras el Gobierno central negocia la repatriación de los menores, la negativa a recibir los cuerpos añade un nuevo frente humanitario, con familias marroquíes impedidas de velar a sus seres queridos según sus tradiciones.
