El ministro de Justicia marroquí, Abdelatif Uahbi, vincula la demanda al monarca Mohamed VI y advierte de acciones «legales y políticas»
El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Uahbi, ha exigido a España la devolución «inmediata» de los aproximadamente 1.400 menores no acompañados que se encuentran en el país, según cifras oficiales del Gobierno español actualizadas el domingo. En declaraciones al medio marroquí Hespress, Uahbi afirmó que Marruecos no está dispuesto a abandonar a sus niños, sus jóvenes y sus adolescentes, y subrayó que la reclamación responde a una instrucción expresa del rey Mohamed VI.
La demanda se enmarca en un contexto de tensión bilateral por la gestión de la migración irregular. Fuentes diplomáticas marroquíes, citadas por la agencia Efe la semana pasada, ya habían adelantado que el monarca priorizaba la repatriación de estos menores, aunque sin especificar plazos ni mecanismos concretos. Uahbi precisó que su país actuará «tanto legal como políticamente» para garantizar el retorno, sin detallar qué vías empleará.
El Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, no ha respondido aún a estas declaraciones. La cifra de 1.400 menores, facilitada por el Ejecutivo, incluye a aquellos registrados en centros de acogida y en situación administrativa irregular. España carece de un acuerdo bilateral específico con Marruecos para la repatriación de menores no acompañados, aunque sí existen protocolos para casos individuales, siempre que se acredite el vínculo familiar y el interés superior del menor.
La exigencia marroquí llega en un momento de relativa calma en las relaciones entre ambos países, tras la crisis diplomática de 2021 por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Sin embargo, la migración sigue siendo un tema sensible: en 2025, las llegadas irregulares a las costas españolas aumentaron un 12% respecto al año anterior, según datos del Ministerio del Interior.
Organizaciones como Save the Children y CEAR han alertado en repetidas ocasiones sobre los riesgos de las repatriaciones masivas, especialmente cuando no se garantizan condiciones seguras en el país de origen. En 2024, un informe del Defensor del Pueblo español criticó la falta de coordinación entre comunidades autónomas y el Gobierno central para identificar y proteger a estos menores.
