El 17,46% de los inscritos en el CERA votan en circunscripciones distintas a su última residencia en España; la JEC modifica requisitos para evitar fraudes
La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido este jueves que los electores censados en el extranjero —incluidos los beneficiarios de la ley de nietos— deberán justificar el municipio en el que se inscriben para votar, una medida que afecta a más de 174.000 personas. La decisión, adoptada con modificaciones, responde a un informe de la Oficina del Censo Electoral que alertaba sobre la falta de claridad en la determinación de la circunscripción electoral de estos votantes.
Hasta ahora, los descendientes de exiliados españoles —como los beneficiarios de la ley de nietos— podían inscribirse en el municipio de «mayor arraigo» sin necesidad de justificarlo. Sin embargo, la JEC ha alineado este requisito con el resto de electores residentes en el exterior, que ya deben demostrar su elección con documentos que acrediten su vinculación con el municipio. La medida busca evitar inscripciones arbitrarias y garantizar que cada votante esté adscrito a una circunscripción con la que tenga una relación real.
Según datos del Gobierno, en abril de 2026, el 82,54% de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) coincidían en su municipio de inscripción con su última residencia en España. El restante 17,46% —unos 174.000 electores— votaban en circunscripciones distintas, lo que refleja la disparidad en los criterios aplicados hasta ahora. La Oficina del Censo Electoral, dependiente del INE, había propuesto reforzar los requisitos, pero la JEC ha introducido modificaciones para equilibrar rigor y flexibilidad, especialmente en casos de arraigo familiar o histórico.
La ley de nietos, aprobada en 2022, amplió los criterios para conceder la nacionalidad española a descendientes de exiliados, lo que generó un aumento significativo de electores en el exterior. Este cambio normativo, junto con la falta de uniformidad en la aplicación de las normas electorales, ha creado un escenario en el que algunos votantes podían inscribirse en municipios sin vínculo demostrable. La decisión de la JEC, aunque respaldada por el informe técnico, podría generar resistencia entre colectivos que defienden el derecho al voto sin restricciones adicionales.
La Oficina Consular, encargada de gestionar las inscripciones, nunca ha aplicado de oficio la determinación del municipio cuando el elector no lo especifica, lo que ha dejado un margen de discrecionalidad. Con esta nueva directriz, la JEC busca homogeneizar el proceso y evitar posibles fraudes o inscripciones basadas en criterios subjetivos. La medida entrará en vigor en los próximos meses, coincidiendo con la próxima convocatoria electoral.
