García Cerdá pide mantener la causa en Tarragona hasta practicar las diligencias pendientes y descarta una competencia distinta
La fiscal Anticorrupción Carmen García Cerdá rechaza trasladar el caso Montoro a Madrid, al menos por ahora. En un informe aportado a la causa, sostiene que el cambio solo será posible «cuando se practiquen las diligencias pendientes». Será entonces, añade, cuando pueda alcanzarse un criterio concluyente sobre la competencia.
La Audiencia Provincial de Tarragona ya tiene el grueso de los recursos que decidirán si la instrucción sigue en el juzgado número 2 de esa ciudad, del que es titular el juez Rubén Rus, o pasa a un juzgado de Madrid. Las defensas y algunas acusaciones populares piden el traslado. El Ministerio Público aún debe informar impugnaciones que reclaman ese cambio.
Rus ya descartó en abril la cuestión de competencia. Consideró «indudable que es en Tarragona donde aparecen los primeros indicios de delito». Los correos que originaron el procedimiento los hallaron los Mossos d’Esquadra en poder de la empresa Messer Ibérica de Gases, investigada por otros delitos. En ellos se apreciaba una posible influencia sobre responsables de Hacienda a cambio de un precio. El pago habría llegado a través del bufete del exministro Cristóbal Montoro, Equipo Económico.
García Cerdá comparte el criterio del juez. Señala que los informes policiales, los de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la Agencia Tributaria y la documentación adjunta a los correos no permiten concluir una competencia distinta a la de Tarragona. Recuerda que allí se descubrieron las pruebas materiales, allí operaban quienes buscaban el trato de favor y allí está el despacho de los directivos de Messer.
La fiscal aprecia además una «estrategia de defensa consensuada» entre las defensas. Cree que buscan abarcar todas las alegaciones posibles sin hechos que las respalden. Sus argumentos repiten los que ya opuso al intento de llevar la causa a Madrid por una declinatoria de los responsables de Global Afteli, el nombre actual del bufete que Montoro creó en 2006. También se opuso a los recursos de los exaltos cargos de Hacienda Miguel Ferré Navarrete y Vicente Martínez Rico.
La última palabra será de la Audiencia Provincial de Madrid. Iba a reunirse este lunes para empezar las deliberaciones y finalmente lo hará el día 21. La baja laboral de la magistrada que iba a ser ponente obligó a sustituirla y a aplazar el asunto.
