La derogación de la ‘ley mordaza’, la ley de familias y la reforma de la ley de secretos oficiales son algunos de los proyectos que no han avanzado
La derogación de la ‘ley mordaza’ del PP del año 2015 ha sido una de las principales banderas electorales de Pedro Sánchez, antes incluso de que llegase a la Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018.
Nunca estuvo tan cerca de reformarse esta ley como en la pasada legislatura, pero la tumbaron en la Comisión de Interior ERC y Bildu argumentando que no recogían sus exigencias, entre otras la prohibición inmediata de las pelotas de goma como material antidisturbios o la de las devoluciones en caliente de inmigrantes que crucen las vallas de Ceuta y Melilla.
Estos son dos asuntos con los que el PSOE no ha transigido desde el principio.
En octubre de 2024, ya en esta legislatura, se comprometió con Bildu a retirar ‘gradualmente’ las pelotas de goma de los antidisturbios y tanto los abertzales como ERC aceptaron que las devoluciones en caliente quedasen supeditadas a un cambio en la reforma de la ley de extranjería que no ha tenido lugar.
Entonces, la nueva proposición de ley superó los primeros trámites parlamentarios, pero desde finales de 2024 permanece bloqueada en la Comisión de Interior por la oposición de partidos como Podemos, que la considera poco ambiciosa.
La ley de familias lleva más de dos años en un cajón en el Congreso, aunque la ley ya se fraguó en 2023, cuando en el Gobierno estaba Unidas Podemos y el Ministerio de Derechos Sociales corría a cargo de Ione Belarra.
Una vez aprobada en Consejo de Ministros, la norma decayó por la convocatoria anticipada de las elecciones del 23 de julio.
La recuperó su sucesor, Pablo Bustinduy, que la envió de nuevo al Congreso tal y como estaba redactada con el objetivo de negociar los cambios a lo largo de la tramitación parlamentaria.
La ley continúa en el periodo de enmiendas, que se ha ampliado un total de 86 veces.
En la norma se contemplan medidas como la expansión de la deducción para madres trabajadoras; la equiparación de las familias monoparentales de dos hijos a las familias numerosas; el incremento de la cobertura del subsidio para la compra de alimentos y la creación de un fondo para la atención a las familias con menores con discapacidad.
La reforma de la ley de secretos oficiales, que data de los últimos años del franquismo, es una reclamación histórica en el Congreso, especialmente del PNV, que en más de una ocasión durante esta legislatura ha instado a Pedro Sánchez a impulsar.
El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros su proyecto de ley en julio, que establecía 60 años como el periodo máximo que un documento podría ser secreto y multas de entre 30.000 euros y 2,5 millones, en los supuestos más graves, a quien difunda o reproduzca, por cualquier medio, información clasificada como ‘secreto’ o ‘alto secreto’.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la conocida como ley Bolaños, que el Gobierno comenzó a tramitar en octubre de 2025, también se encuentra paralizada en el periodo de enmiendas.
La ley Bolaños ha sido criticada por un amplio sector judicial, y la segunda de sus grandes novedades, la limitación de la acusación popular, incluso por socios del PSOE como Sumar.
El ministro Félix Bolaños aseguró el año pasado que la acusación popular ‘en este momento es una feria de ultras con ganas de publicitarse’.
A finales de abril, el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el aborto superó el debate de totalidad tras rechazar la mayoría del Congreso las enmiendas de PP y Vox.
El Ejecutivo pretende incluir un nuevo párrafo en el artículo 43 de la Carta Magna: ‘Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio’.
Según señalan algunos juristas constitucionalistas, el método utilizado por el Ejecutivo puede resultar contraproducente, ya que, al no situarlo entre los derechos fundamentales, puede estar deslizándose que no lo es cuando la realidad es que el Tribunal Constitucional ya lo ha reconocido como tal en su jurisprudencia.
La Comisión de Interior del Congreso ha sido un escenario de intensas negociaciones entre los partidos políticos para tratar de avanzar en la tramitación de la ley de secretos oficiales.
En una reunión celebrada en mayo de 2026, los representantes de los partidos firmaron un acuerdo para que la ley se tramitara en el pleno del Congreso, pero sin que se pudiera llegar a un acuerdo sobre el contenido de la norma.
