El líder del PP presenta un plan de siete medidas tras el aval de la UE a las devoluciones y denuncia que el Gobierno «subcontrató» la frontera a Marruecos
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigió ayer en Ceuta la expulsión o el retorno voluntario de «todos» los inmigrantes que entraron irregularmente en la ciudad autónoma durante la entrada masiva del 30 y 31 de julio, una cifra que eleva a 10.000 personas, frente a las 2.500 estimadas oficialmente por el Gobierno.
Feijóo, que visitó Ceuta por segunda vez en quince días, calificó la situación de «invasión en pleno 2026» y acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de dejar desprotegidos a los 80.000 habitantes de la ciudad. Su discurso, alineado con el aval de la Comisión Europea a la directiva de retornos, reclama la activación inmediata de las repatriaciones, incluyendo a menores, y el despliegue de «todas las unidades de extranjería necesarias» desde la Península. El PP justifica su postura en el marco legal comunitario, que considera suficiente para ejecutar las devoluciones sin distinción de edad.
El líder popular vinculó la crisis a la política exterior del Gobierno, al que acusó de «subcontratar la llave de la frontera sur de Europa a la buena voluntad de Marruecos». Sus críticas se intensificaron tras las declaraciones recientes de altos cargos marroquíes sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, que Feijóo interpretó como una amenaza. «España no busca enemigos ni conflictos, pero tampoco va a admitir amenazas», advirtió, exigiendo una relación con Rabat basada en «reciprocidad y respeto mutuo». La tensión diplomática se suma a la denuncia de que Moncloa trata la emergencia como un «simple episodio de verano», minimizando su impacto en redes sociales y sin medidas concretas.
Feijóo presentó un plan de choque con siete medidas, entre las que destacan la creación de un mando único para coordinar la respuesta policial y asistencial, el refuerzo de la frontera con infraestructuras y tecnología, y la interlocución directa de Ceuta en las instituciones europeas. También propuso un plan de reactivación económica para reparar el tejido comercial de la ciudad, afectado por la crisis. El PP insiste en que la situación actual —que describe como una triple crisis de seguridad, orden público y salud pública— podría derivar en «graves incidentes» si el Estado no actúa con urgencia.
La posición del PP contrasta con la del Gobierno, que hasta ahora ha evitado hablar de expulsiones masivas y ha centrado su discurso en la gestión humanitaria. La Comisión Europea respaldó el martes la directiva de retornos, pero su aplicación depende de cada Estado miembro, lo que añade presión sobre Moncloa para definir una postura clara. Mientras, la población ceutí sigue en alerta, con la normalidad aún lejos de recuperarse.
