La ley de gracia, aprobada en 2024 para salvar a los líderes independentistas, llega a su fase final con el TC como última instancia y Puigdemont a la espera de una decisión que podría devolverlo a España
Pedro Sánchez y Junts per Cataluña han apostado durante tres años por una ley de amnistía que hoy depende de un solo fallo judicial: el del Tribunal Constitucional (TC). La norma, aprobada en mayo de 2024 con los votos de los independentistas, busca eximir delitos como sedición o malversación a líderes del procés, como Carles Puigdemont, pero su aplicación se ha visto frenada por el Tribunal Supremo y ahora recae en la corte de garantías, que debe pronunciarse sobre su constitucionalidad. Mientras, el ex presidente catalán sigue en Bélgica, con una orden de detención pendiente y su regreso a España condicionado a que el TC declare amnistiable el delito de malversación que le imputa el Supremo.
El fallo del Constitucional podría llegar en semanas, pero ya ha generado tensiones internas: Jordi Turull, ex conseller y uno de los beneficiados, descartó ayer cualquier reconciliación con el PSOE tras el apoyo institucional del tribunal. No habrá reconciliación porque Sánchez ha incumplido muchas más cosas, declaró Turull, recordando promesas incumplidas como la oficialidad del catalán en Europa o la transferencia de competencias en inmigración, aún bloqueada en el Congreso.
La ley, registrada en noviembre de 2023 tras un giro de 180 grados de Sánchez —de oponerse a ella en campaña a negociarla con Junts—, ha enfrentado recursos del PP, el Tribunal Supremo y hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UJUÉ), que en julio de 2026 avaló su compatibilidad con el derecho comunitario. Sin embargo, el juez Pablo Llarena desestimó el pasado 15 de septiembre la aplicación de la amnistía a Puigdemont, alegando que su solicitud respondía a un «beneficio patrimonial». Ahora, el líder independentista depende exclusivamente del TC, donde el magistrado Cándido Conde-Pumpido —nombrado en 2023 para «aplicar el rodillo» a favor del Gobierno— ha mostrado una mayoría progresista que podría inclinar la balanza.
El camino hacia esta situación comenzó en octubre de 2023, cuando Sánchez anunció en el Comité Federal del PSOE que había que hacer de la necesidad virtud para lograr los siete votos de Junts en la investidura. El acuerdo se selló en Waterloo (Bélgica), donde el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán —hoy imputado—, se reunió con Puigdemont el 30 de octubre de ese año. Tres días después, Sánchez era investido presidente con el apoyo independentista, pero la ley de amnistía generó protestas masivas desde noviembre de 2023, con manifestaciones frente a la sede del PSOE en Madrid.
Tras meses de negociaciones entre el Gobierno y Junts para ajustar los detalles, la norma fue aprobada en el Congreso el 14 de marzo de 2024, pero su tramitación se alargó hasta el 30 de mayo, justo antes de las elecciones europeas. El PP intentó capitalizar el rechazo social, pero Sánchez la presentó como su gran logro legislativo, pese a que su esposa, Begoña Gómez, fuera llamada a declarar como imputada por presunta financiación irregular.
El laberinto judicial: de Bruselas al Constitucional
La ley de amnistía ha enfrentado dos frentes judiciales paralelos. Por un lado, el Tribunal Supremo y comunidades autónomas como Castilla-La Mancha —gobernada por el PP— recurrieron al Tribunal Constitucional, que el 26 de junio de 2025 avaló su constitucionalidad sin entrar en el debate sobre la malversación de Puigdemont. Por otro, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional plantearon preguntas prejudiciales al UJUÉ, que el 16 de julio de 2026 despejó cualquier obstáculo legal en la UE. Sin embargo, el juez Pablo Llarena —instructor del procés— desestimó el 15 de septiembre la aplicación de la amnistía a Puigdemont, argumentando que su petición respondía a un «propósito de beneficio patrimonial».
El fallo del Constitucional será clave: si declara amnistiable la malversación, Puigdemont podría regresar a España y el Supremo debería aplicar la ley a otros encausados como Oriol Junqueras (ERC) o Marta Rovira. Pero incluso en ese escenario, Junts ya ha advertido que no habrá reconciliación con el PSOE. El acuerdo de investidura se rompió por incumplimientos, insistió Turull, citando el bloqueo de la oficialidad del catalán en instituciones europeas y la falta de transferencias de competencias en inmigración, aún paralizadas por el rechazo de Podemos en el Congreso.
¿Qué se juega cada actor?
Para Pedro Sánchez, la ley de amnistía es su última apuesta por mantener el apoyo de Junts en una legislatura agonizante, sin Presupuestos aprobados y con las elecciones generales a la vista. El PSOE ha invertido tres años en negociar una norma que, de prosperar, le permitiría presentar como victoria el regreso de Puigdemont, aunque a costa de una fractura definitiva con la derecha y parte de la sociedad civil. Junts, por su parte, ve en la amnistía una herramienta para legitimar su proyecto independentista, pero su líder, Carles Puigdemont, sigue en una posición de debilidad: su regreso depende de un tribunal que no controla y de un partido que ya no le garantiza lealtad.
El PP y el Tribunal Supremo, en cambio, han perdido todas las batallas legales. Tras el aval del UJUÉ y el TC, su única opción es esperar a que el Constitucional resuelva sobre la malversación, un delito que podría ser clave para invalidar la amnistía. Mientras, la ciudadanía catalana —dividida entre quienes ven la ley como una reconciliación y quienes la consideran una impunidad— observa cómo un fallo judicial podría reescribir el futuro político de España.
Lo que está claro es que, tras tres años de idas y venidas, la amnistía ya no es solo una ley: es un símbolo. Para Sánchez, es la última esperanza de supervivencia política; para Puigdemont, la única vía de vuelta a casa; y para el Estado, el mayor desafío institucional desde el procés.
