La presidenta madrileña critica la ley de vivienda y señala que Cataluña lidera los desahucios en España con 25.500 anuales
Isabel Díaz Ayuso ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de promover una «barra libre de demagogia inasumible» tras el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años desalojada ayer en el distrito de Retiro. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vinculado directamente la decisión a la Policía Nacional, «que gestiona el Gobierno», y ha recordado que se ejecutó por orden judicial en cumplimiento de leyes que, según Ayuso, el Ejecutivo central «ha tenido ocho años para modificar».
El desahucio ha reavivado el debate sobre la protección de personas vulnerables, ya que Sánchez criticó ayer a las administraciones madrileñas por ignorar «una tragedia social». Ayuso ha respondido recordando que Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia concentran el 80% de los desahucios en España, con Cataluña a la cabeza: «Por cada desahucio en Madrid, hay cinco en Cataluña, gobernada por Illa y Sánchez». Según datos citados por la presidenta, España registra 25.500 desahucios anuales, una cifra que contrasta con su defensa de las políticas de vivienda en la región, donde asegura que se construye «más vivienda protegida y libre que en el resto de España».
La polémica se extiende a la ley de vivienda del Gobierno, que Ayuso califica de «absurda» por disparar los precios y perjudicar a familias con salarios erosionados por impuestos. Su crítica llega tras semanas de tensiones con el Ejecutivo central, que ha señalado a la Comunidad de Madrid como responsable de casos como el de Maricarmen, pese a que la competencia en protección social recae en ambos niveles administrativos. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, no ha emitido declaraciones públicas al respecto.
El caso de Maricarmen, desalojada pese a su edad y vulnerabilidad, ha servido a Ayuso para contraponer el modelo madrileño —basado en «equilibrio entre propiedad y capital»— con el central, que, según ella, prioriza medidas que agravan la crisis habitacional. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no ha respondido aún a las acusaciones, pero el Gobierno mantiene su postura: las competencias en desahucios son compartidas, y las administraciones autonómicas y locales deben actuar con urgencia en casos como este.
