La presidenta madrileña vincula el caso de Maricarmen a una estrategia política y advierte de más violencia callejera, mientras compara cifras de desahucios en Madrid y Cataluña
Isabel Díaz Ayuso ha acusado directamente a Pedro Sánchez de instrumentalizar el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años en Madrid, para generar un «ambiente irrespirable de tensión» con fines electorales. Durante la inauguración del foro *Ideas para crecer*, la presidenta madrileña desvinculó a su Gobierno del lanzamiento judicial —ejecutado por la Policía Nacional, dependiente del Ejecutivo central— y culpó al presidente del Gobierno de no haber reformado las leyes que permiten estos procedimientos en sus ocho años en el poder.
Ayuso citó datos del Consejo General del Poder Judicial para reforzar su argumento: en 2025 se registraron **21.562 desahucios judiciales** en España, con **6.127 en Cataluña** (la comunidad con más casos) frente a **2.119 en Madrid**, por detrás de Andalucía (3.061) y la Comunidad Valenciana (2.449). La presidenta subrayó que, según su criterio, «por cada desahucio en Madrid hay tres en Cataluña», donde gobierna el PSC —socio de Sánchez— y Pere Aragonès. «Es una ley absurda que perjudica al mercado y frena la construcción de viviendas», afirmó, defendiendo que su Gobierno mantiene un «equilibrio» entre protección social y acceso a la vivienda.
Las protestas tras el desahucio de Maricarmen —organizadas por la izquierda y centradas frente al ático adquirido por la Comunidad de Madrid— sirvieron a Ayuso para advertir de un «aumento de la violencia callejera» desde septiembre. «No van a dejar de estarlo», advirtió, vinculando las movilizaciones a una estrategia para «reventar el esfuerzo» económico de la región. También criticó la ausencia de Sánchez en España durante la crisis, quien se encontraba en Nueva York asistiendo a la Asamblea General de la ONU, y lo acusó de «promover la quema de calles» para beneficio político.
El desahucio de Maricarmen, ejecutado por orden judicial y sin intervención directa de la Comunidad de Madrid, se enmarca en los **25.500 lanzamientos anuales** que se producen en España según datos oficiales. Ayuso insistió en que el Ejecutivo central —y no su Gobierno autonómico— es responsable de las normas que permiten estos procedimientos, aunque no detalló propuestas concretas para modificarlas. La comparecencia de la presidenta madrileña llega en un contexto de creciente polarización en torno a la vivienda, con el PP y Vox presionando para endurecer las políticas de alquiler social, mientras el Gobierno central defiende su ley de vivienda como herramienta para proteger a los más vulnerables.
